Para mirar con cuidado

Para mirar con cuidado

Junio 23, 2019 - 06:55 a.m. Por: Editorial .

Dos debates lleva el proyecto de ley con el cual se pretende crear una prima adicional a los empleos formales, justificada en la necesidad de mejorar sus ingresos e incentivar el consumo. Cuando empiece la próxima legislatura será la oportunidad para sopesar los pros y los contras de una medida que tiene buenas intenciones pero puede causar perjuicios a la economía.

La propuesta es crear una prima adicional para los más de seis millones de trabajadores que devengan desde uno hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según los ponentes y promotores de la iniciativa, ella está dirigida a entregar más recursos financieros a quienes sean beneficiados lo que a su vez repercutirá en su capacidad de gasto, impulsando así el consumo en un estimado del 0,8% del PIB.

Según esos cálculos, la economía recibiría un incentivo, y el costo de la nueva prima sería de $1,8 billones, lo que enfrentado a los ahorros ocasionados a las empresas por la reducción en las tasas de tributación, de $ 5 billones, les significaría un ahorro neto de $3,2 billones por año. Además, según el senador Álvaro Uribe, autor de la propuesta, el Estado sólo tendría que pagar esa prestación a 180.000 personas, toda vez que sólo incluye a los trabajadores oficiales y están excluidos los funcionarios públicos y quienes tienen regímenes especiales como los integrantes de la Fuerza Pública.

Frente a ello está la posición del Gobierno Nacional que ve con alarma el efecto de esa prima y alerta el impacto nocivo que ocasionaría en el impulso que las medidas oficiales quieren dar a la economía formalizando el empleo y estimulando la inversión, toda vez que ello implicaría crear una carga adicional que aumentaría el costo de los salarios. Y luego, la incertidumbre que existe sobre el número de funcionarios y trabajadores oficiales que recibirían esa prima, calculando en $205.000 millones por año la suma que debería asumir el erario para cumplir esa obligación.

Y están también las alertas de gremios y representantes del sector privado, para los cuales la decisión implicaría un alza del 1% en los costos salariales y del 4,16% en el salario mínimo, lo cual desestimularía la contratación formal e incentivaría otras formas de vinculación que en la práctica repercutirían en el ingreso de los trabajadores y en la formalización que se busca. Son razones de peso que deben ser escuchadas, lejos de consideraciones ideológicas o partidistas.

También hay aspectos que deben ser tenidos en cuenta, como el impacto que significaría para la competitividad de la economía colombiana. No es secreto que las empresas prefieren invertir en los países vecinos ante el costo que significa la contratación laboral en nuestro país. Y está claro que la baja en los impuestos pretendió estimular la inversión aminorando la carga tributaria antes que generar ahorros a las empresas existentes.

Cuando se inicie la próxima legislatura quedarán dos debates para tramitarla. Será la oportunidad para estudiar con cuidado una iniciativa que, aunque beneficiaría un sector importante de la sociedad también causaría graves tropiezos al propósito de dinamizar la economía.

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