Para evitar frustraciones

"Según informes de la fundación Forjando Futuros y comentarios de medios de comunicación, tres años después se han presentado sólo el 18 % de los 350.000 reclamos anunciados por el Primer Mandatario. Y se han proferido 500 sentencias que han restituido alrededor de 30.000 de las 6,5 millones de hectáreas esperadas. Además, muchos de los beneficiarios pasan carencias y dificultades, y la gran mayoría no ha hecho uso de sus derechos restablecidos por temor a represalias".

Durante el primer semestre del 2011, el Congreso de la República fue escenario del debate a una ley que el Gobierno y las bancadas que lo acompañaban calificaron de esfuerzo histórico para reparar a las víctimas de despojos y desplazamientos causados por la violencia. Cuatro años después se debe hacer un balance y aplicar las rectificaciones que se requieren para evitar la frustración de la propuesta.En junio de ese año y luego de grandes discusiones, se expidió la Ley 1448, a la cual se le dio el nombre de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Su nombre resume el propósito que animaba al gobierno de Juan Manuel Santos, de marcar un camino hacia la reconciliación dando prioridad a quienes han padecido la crueldad del llamado conflicto, el despojo y la miseria que conlleva la mezcla de argumentos políticos con las ambiciones económicas.En su momento, el país político se vio inmerso en una gran discusión sobre lo que la iniciativa representaba en aspectos como la seguridad jurídica de la propiedad, y en la necesidad de juntar la reparación a las víctimas con decisiones sobre la restitución de las propiedades, casi todas rurales, arrebatadas por la violencia. Como era de esperarse, se impusieron las mayorías de la Unidad Nacional, produciendo una decisión llamada a tener un gran impacto, en la medida en que, según el presidente Santos, significaría devolver 6,5 millones de hectáreas a las 350.000 personas que según sus cálculos deberían presentar sus reclamaciones. Para responder a esa demanda esperada, se dispuso la creación de mecanismos que deberían agilizar esa devolución, además de garantizar la seguridad de los reclamantes y la posibilidad de ofrecerles recursos y asesorías para que pudieran reconstruir una vida digna. Hoy, las cosas no parecen ir por el camino que se esperaba. Según informes de la fundación Forjando Futuros y comentarios de medios de comunicación, tres años después se han presentado sólo el 18 % de los 350.000 reclamos anunciados por el Primer Mandatario. Y se han proferido 500 sentencias que han restituido alrededor de 30.000 de las 6,5 millones de hectáreas esperadas. Además, muchos de los beneficiarios pasan carencias y dificultades, y la gran mayoría no ha hecho uso de sus derechos restablecidos por temor a represalias. Otro aspecto difícil de entender es que en el proceso de devolución intervienen 55 entidades públicas, muchas de las cuales están en la Capital de la República. Además, y según Forjando Futuros, el 76,6 % de las órdenes de restitución no tienen plazo de cumplimiento y el 88,6 % de los casos no tienen designado un funcionario a cargo. Esa es la realidad destapada por la Fundación y la investigación periodística, que debe tomarse como una alerta para evitar frustraciones para la paz en Colombia. Aunque el tiempo apremia puesto que quedan siete años para que se cumpla el plazo fijado por la ley 1448, es el momento para impedir el fracaso de un propósito que fue anunciado como la solución a la crisis de los desplazados y las víctimas que ha producido la violencia en Colombia.