Palos de ciego

(...) la solución no puede estar en liquidarla y entregarle el manejo del medio ambiente de Cali a la CVC. La reforma que exige más de dos millones quinientos mil habitantes en la ciudad para la existencia de una autoridad municipal está alejando las soluciones y fomentando el clientelismo.

Sin duda, entidades como el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental, Dagma, están muy lejos de cumplir la misión de preservar el medio ambiente en ciudades como Cali. No obstante, y antes de decretar su desaparición apelando a criterios caprichosos que no obedecen a realidades palpables, la oportunidad que ofrece la reforma a la ley ambiental debería ser aprovechada para aplicar medidas que sí sean importantes en defensa de la calidad de vida de los colombianos. Tanto la historia del Dagma como lo ocurrido en la CVC desde la aprobación de la Ley 99 de 1993 es el mejor ejemplo de cómo una norma llena de buenas intenciones termina siendo un obstáculo para cumplir sus propósitos. Desde el momento mismo en que los legisladores y el Gobierno de entonces decidieron dividir el cuidado del medio ambiente en 36 corporaciones, una por cada departamento, quedó patente que se había producido un acuerdo que respondía más a razones de orden político que a una concepción integral del problema.Por eso se autorizó la creación de todas esas corporaciones, a pesar de que se cometieran errores tan graves como fraccionar el cuidado de la parte alta de la cuenca del río Cauca que antes estaba a cargo de la CVC. El resultado se ve en el deterioro palpable de su entorno, mientras la Corporación, creada para impulsar el desarrollo sostenible de la región y no sólo para vigilar el medio ambiente, se convirtiera en un triste foco de clientelismo y corrupción, disputado a dentelladas por los grupos políticos. Así, mientras los problemas del medio ambiente crecen por fenómenos como el cambio climático o la depredación de las cuencas hidrográficas, las noticias sobre la Corporación se refieren casi siempre a escándalos.Otro tanto ha sucedido con el Dagma, cuya experiencia ha sido un fracaso. De nuevo, los compromisos políticos y la corrupción han hecho de esa entidad una protagonista de escándalos y ejercicios politiqueros de la peor laya. Basta saber que mientras sólo tiene tres funcionarios de planta, mantiene 100 o más contratistas. Y que escándalos como la compra de la hacienda El Rubí han consumido grandes cantidades de recursos públicos.No obstante, la solución no puede estar en liquidarla y entregarle el manejo del medio ambiente de Cali a la CVC. La reforma que exige más de dos millones quinientos mil habitantes en la ciudad para la existencia de una autoridad municipal está alejando las soluciones y fomentando el clientelismo, fortaleciendo a su vez el centralismo que releva a las autoridades municipales de responderle a los ciudadanos por el manejo de su entorno y por la calidad de vida de su ciudad.Quienes están proponiendo la reforma a la Ley 99 de 1993 deben saber que las necesidades ambientales de una ciudad no pueden definirse a partir de un número caprichoso. Cali es hoy una ciudad con problemas ambientales específicos que demanda soluciones también específicas. Por eso, en vez de dejarla sin autoridad para enfrentarlos como corresponde, lo que debería producirse es una decisión que fortalezca la participación de las autoridades locales y las obligue a responder por ellas.