Ocho meses sin respuesta

Ocho meses sin respuesta

Abril 10, 2019 - 11:15 p.m. Por: Editorial .

Han pasado ocho meses desde la caída del ascensor en el Palacio de Justicia, tragedia que dejó dos personas muertas y cuatro heridas de gravedad. En ese tiempo no ha sido posible esclarecer lo sucedido, las víctimas continúan a la espera de respuestas y el 90% de los despachos judiciales que allí se alojaban debieron ser evacuados afectando la prestación de ese servicio público esencial.

Hace dos días los afectados por el fatal accidente ocurrido el pasado 15 de agosto denunciaron que la investigación judicial está detenida porque la Fiscalía no ha nombrado a los peritos que deberán determinar qué provocó el desplome del ascensor. Esa lentitud en el proceso, inexplicable y justificada por la falta de recursos para pagar un peritaje, impide que se haga la justicia que reclaman las víctimas y sus familias, obstruye el inicio de las reparaciones y obstaculiza el regreso a la normalidad de la actividad jurisdiccional en Cali.

La Fiscalía está en mora de dar las explicaciones sobre los retrasos en un trámite para el cual debería estar preparada y destinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo la investigación con los expertos que se requieran. Lo contrario es denegar la justicia y dilatar una investigación, además de arriesgar que las pruebas se alteren y tanto la ciudad como las víctimas no puedan saber la verdad sobre lo sucedido.

Mientras se le dan largas a ese asunto, han comenzado en el Palacio de Justicia las obras de reparación de los ocho elevadores restantes, que deberán ser sustituidos en su totalidad. De lo que se sabe hasta ahora, los actuales fueron modificados para adaptarlos a los espacios construidos y ahí podría estar la razón de las fallas que presentaron.

Todo un absurdo para una edificación que por sus especificaciones y por el servicio que prestaría debía cumplir con los máximos estándares de ingeniería y seguridad.

Si bien las reparaciones están programadas para finalizar en diez meses, hay incertidumbre sobre los trabajos que deberán adelantarse o si, como se especula, deberá intervenirse la estructura de la construcción. De ser así, las obras podrían llevarse más tiempo y mayores recursos, y se dilataría aún más el regreso de los despachos y funcionarios a sus instalaciones.

Porque si hay una consecuencia de todo esto, además de la pérdida de vidas y de los perjuicios que ocasionó a las víctimas el desplome del ascensor, es que la administración de Justicia en Cali volvió a desperdigarse por toda la ciudad, en edificios sin las instalaciones adecuadas para garantizar una óptima prestación del servicio a los ciudadanos. A ello se suma la reticencia de la Fiscalía para construir su sede tal como se comprometió hace diez años y para lo cual ya cuenta con el lote entregado por la Administración Municipal, lo cual empeora el panorama de la Justicia en la capital del Valle.

¿Hasta cuándo habrá que esperar por respuestas? ¿Cuándo se hará justicia a las víctimas? ¿Cuánto tiempo más se mantendrá a los funcionarios judiciales arrinconados?

Han pasado ocho meses, las víctimas siguen esperando que la justicia actúe en la salvaguarda de sus derechos y Cali reclama que se restablezca la prestación del servicio en condiciones dignas.

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