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No valió la pena

"Hoy no puede decirse que el debate aportó a la construcción de una Colombia mejor, donde sus dirigentes políticos se preocupan por solucionar los problemas sin perder su identidad partidista. Por el contrario, lo que se produjo fue un espectáculo de venganzas, de acusaciones con intenciones distintas a la búsqueda de la verdad, y de descalificaciones que se traducen en demandas con las cuales se desconocen los principios constitucionales que defienden la libertad de expresión en el Congreso de la República".

19 de septiembre de 2014 Por:

"Hoy no puede decirse que el debate aportó a la construcción de una Colombia mejor, donde sus dirigentes políticos se preocupan por solucionar los problemas sin perder su identidad partidista. Por el contrario, lo que se produjo fue un espectáculo de venganzas, de acusaciones con intenciones distintas a la búsqueda de la verdad, y de descalificaciones que se traducen en demandas con las cuales se desconocen los principios constitucionales que defienden la libertad de expresión en el Congreso de la República".

Luego de las controversias sobre la posibilidad de realizar un debate de control político contra un Senador de la República, era grande la expectativa sobre los resultados del citado para el pasado miércoles. Hoy puede decirse que todo terminó en una larga lista de acusaciones personales, seguido de un desfile de oradores en el cual el uso de descalificaciones frustró las esperanzas de encontrar la verdad de muchos de los hechos acontecidos en el pasado reciente de Colombia.Era claro que el objetivo del debate tenía nombre propio, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, a quien el citante ha querido juzgar públicamente, como una obsesión. Pero la exposición del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, fue un revivir de acusaciones antiguas, muchas de ellas conocidas por la opinión pública y otras por la Justicia colombiana. No había allí el propósito de encontrar la verdad, la cual incluye la participación de las Farc en los hechos que comprenden también al narcotráfico y los grupos paramilitares, sino el objetivo de crear un hecho político, el juicio público, no contra el senador Uribe sino contra el exgobernador de Antioquia y expresidente de la República. Y lo que siguió no fue menos decepcionante. Aunque respondió una a una las acusaciones, la actitud del líder del Centro Democrático se enfocó en descalificaciones y argumentos contra el gobierno que poco aportaron a la claridad que esperaban quienes presenciaron el debate a través de la televisión. Lo mismo puede decirse de quienes hicieron uso de la palabra para defender o descalificar tanto al presidente Juan Manuel Santos, como al citante y al senador Uribe. Incluso, la ocasión fue aprovechada por algunos para lanzar epítetos destemplados que no se compadecen con la importancia del Senado.El final, tanto como el principio, lo protagonizaron los anuncios de demandas por injuria y calumnia en cantidades apreciables. Es decir, un debate político en el recinto de la democracia será resuelto en los estrados judiciales, lo que en buen idioma significa la judicialización de la política. Nada que aporte a la claridad de nuestra historia. Y a cambio de ello, solicitudes que aumentan la congestión de la Justicia y no ayudan a la solución de los problemas nacionales, el primero de los cuales es la convivencia para tener una democracia realmente participativa.Nueve horas duró la confrontación en el Congreso de la República. En ella se escucharon toda clase de opiniones, acusaciones y hasta insultos infortunados, como corresponde a un país que respeta la libertad de expresión. Sin embargo, hoy no puede decirse que el debate aportó a la construcción de una Colombia mejor, donde sus dirigentes políticos se preocupan por solucionar los problemas sin perder su identidad partidista. Por el contrario, lo que se produjo fue un espectáculo de venganzas, de acusaciones con intenciones distintas a la búsqueda de la verdad, y de descalificaciones que se traducen en demandas con las cuales se desconocen los principios constitucionales que defienden la libertad de expresión en el Congreso de la República.

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