¡No más violencia!

"...Cali no puede seguir aceptando como algo normal que en sus calles mueran en forma violenta 1700 personas cada año. Ni puede permitir que el narcotráfico y sus costumbres perversas sigan influyendo en la ciudad, aprovechando la indiferencia y la ausencia de sanción social contra las conductas antisociales que cambian la tranquilidad por la zozobra...".

Desde el pasado martes, Cali está experimentando los efectos del Plan de Intervención contra el Delito que definió el Gobierno Nacional para atacar la inseguridad, el fenómeno que más afecta a los caleños. Más que una solución definitiva, sus resultados indicarán una ruta a seguir para devolverle a la ciudad la tranquilidad que se ha evaporado en los años en que los gobiernos locales y la ciudadanía han tratado de ignorar los problemas de la seguridad y, por lo tanto, de eludir su responsabilidad.Las cifras que arroja el Plan son de por sí impresionantes: casi 500 capturas de delincuentes, centenares de kilos de drogas, más de 1000 armas de fuego ilegales y 3000 armas blancas decomisados en la ofensiva que están realizando las autoridades con el apoyo de 1400 policías y un notable respaldo logístico, demuestran a las claras el tamaño del problema. Es la ilegalidad que ronda en las calles, mientras la ausencia de liderazgo para enfrentarla y la confusión en el papel que deben cumplir los organismos del Estado dejan al descubierto los derechos a la vida, a la propiedad, a la locomoción y a la tranquilidad de los ciudadanos. Y éstos, a su vez, se escudan en la indiferencia y en el silencio para esquivar esa cultura de la ilegalidad que destruye su comunidad. O recurren al armamentismo para protegerse del acoso de la delincuencia, prefiriendo en muchos casos usar la justicia por mano propia que acudir a las autoridades para que hagan respetar sus derechos. Por otro lado, el no entender que las libertades individuales no implican el abuso sin límites y la indiferencia asombrosa frente a fenómenos como el alcoholismo se convierten en disparadores de la discordia, de la intolerancia y de una violencia que puede evitarse sin necesidad de la presencia de uniformados, sean ellos soldados o policías. Por supuesto, la intervención realizada en esta semana no resolverá el problema de fondo. Y aunque en la ciudad se queden 700 de los efectivos policiales más, la solución no la proporcionarán las autoridades nacionales, mientras la ciudad, sus gobernantes y su clase política no acepten la responsabilidad que les corresponden. Cali no puede seguir aceptando como algo normal que en sus calles mueran en forma violenta 1700 personas cada año. Ni puede permitir que el narcotráfico y sus costumbres perversas sigan influyendo en la ciudad, aprovechando la indiferencia y la ausencia de sanción social contra las conductas antisociales que cambian la tranquilidad por la zozobra ocasionada por el ladrón que aguarda en la esquina o por las balas perdidas.Por eso es momento para aceptar que la seguridad es la prioridad para la sociedad, para las autoridades y para los dirigentes políticos y sociales de Cali. Y para actuar en consecuencia, superando las diferencias conceptuales o los debates estériles que buscan al culpable, pero impiden tomar las decisiones y actuar como corresponde. Es el liderazgo que están esperando los caleños para guiar a su ciudad hacia un horizonte donde el miedo sea cosa del pasado y la convivencia sea una obligación ciudadana.