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No más violencia

Junio 06, 2021 - 06:55 a. m. 2021-06-06 Por: Editorial .

Entre el pasado viernes y ayer, Cali volvió a ser escenario de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública que debe recuperar la tranquilidad y quienes pretenden mantener las barricadas y los bloqueos al espacio público y a vías que son vitales para el desplazamiento de los ciudadanos. De nuevo se presenta la confrontación promovida por quienes hacen de la supresión de derechos fundamentales de una sociedad como rehenes de sus propósitos y sin límite de tiempo.

Treinta y cinco días había completado el bloqueo a la entrada a Cali por la vía a Palmira en el Paso del Comercio, una de las autopistas de mayor tráfico en Colombia. Cualquiera puede imaginarse la importancia de esa arteria para la comunidad de la capital vallecaucana y para todo el Valle, así como el efecto destructivo que su bloqueo tenía para las actividades sociales y económicas de la ciudad.

Esa realidad hacía indispensable tomar decisiones, cuando ya se habían establecido canales apropiados para dialogar con los manifestantes y los jóvenes que adelantaban la protesta. Más aún, cuando los habitantes de los barrios vecinos y las informaciones de inteligencia daban cuenta de las extorsiones que en ese sitio se aplicaban a quienes trataban de atravesar el cerco, además de la presencia de grupos empeñados en mantener las vías de hecho de manera indefinida, creando zozobra mediante el vandalismo.

Por eso se justifica que las autoridades militares y de policía hayan procedido a retomar el control allí y en inmediaciones del puente de Sameco. Es el deber de rescatar para todos los ciudadanos los bienes y la infraestructura que han sido construidos para beneficio de la sociedad, y que durante más de un mes se utilizaron por unas minorías para sembrar el desconcierto, además de impedir la movilización de personas, bienes y servicios.

Llama la atención que en algunos puntos, quienes ejercían esos bloqueos respaldaran sus ilegales acciones en el decreto 0304 del 2021 expedido por el alcalde Jorge Iván Ospina que le concedió personería a algunos de los grupos que mantienen la protesta social. Como bien lo dijo ayer el Ministro de Justicia, esas decisiones del Alcalde no pueden impedir el deber de recuperar el orden público y la obligación del Estado de hacer prevalecer los derechos de todos los ciudadanos a la libertad de locomoción y al uso pacífico de las vías.

La actuación de la Fuerza Pública es más que necesaria para recuperar la tranquilidad en Cali. Y si bien se debe hacer énfasis en la obligación de evitar los abusos y las violaciones a los Derechos Humanos, no por ello puede impedirse que la autoridad actúe contra quienes pretenden mantener bloqueos y actos que desconocen los derechos de la sociedad.
Eso sería una renuncia a la democracia y al Estado de Derecho que rige en Colombia.

Bienvenido el diálogo como vehículo de solución. Pero ya es hora de dejar en claro que Cali no puede seguir siendo el escenario de las vías de hecho que golpean a sus comunidades, destruyen su infraestructura, acaban con el transporte público y secuestran a sus ciudadanos.

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