No más invasiones

Tutelas que alegan el derecho a una vivienda decente para invadir a destajo y reacciones como incendiar las lomas para impedir la acción de las autoridades, son los recursos que están usando los invasores en Cali. Es un desafío frontal a la ciudad que amenaza el ordenamiento jurídico y obliga a respaldar los anuncios de la Administración Municipal de combatir con decisión una actividad que causa daños irreparables a la ciudad.Es la historia de los últimos 50 años en Cali: prevalidas de la supuesta riqueza de la capital vallecaucana, cientos de miles de personas han llegado de todos los rincones del país, en especial de la Costa Pacífica y del suroccidente colombiano, ocupando terrenos en zonas de alto riesgo, sin servicios públicos y con enormes dificultades para ofrecerles seguridad o salud a quienes allí se asienten. Y han originado el negocio de los invasores profesionales que después de tomarse los terrenos los venden a quienes son atraídos por la ilusión de encontrar aquí la solución a los problemas que les generan la pobreza y la falta de oportunidades en sus tierras de origen.Pero ahora, esos invasores profesionales usan ya recursos como la tutela para exigir el derecho “a una vivienda decente”, que son amparados por jueces de la República, en casos como la invasión a Polvorines, asentamiento ubicado en las lomas situadas arriba del Batallón Pichincha. Cualquier persona puede ver que allí no hay condiciones para una vivienda digna, y por el contrario, quien allí se asiente pone en serio peligro su vida. No obstante, un juez aceptó el pedido, a sabiendas de que los peticionarios sólo buscan obligar al Municipio a que les entregue una vivienda, para después negociarla y empezar una nueva invasión.Pero, además, en las colinas que bordean a Cali se está desarrollando lo que tiene todas las trazas de convertirse en una verdadera batalla entre invasores y la autoridad. En las últimas semanas, la zona de El Mortiñal en las estribaciones del cerro de Cristo Rey es epicentro de esa batalla, amenazando a sus residentes legítimos con incendios y pedreas. Para controlar esa embestida de la ilegalidad, el Municipio, las autoridades de Policía y los organismos judiciales han desplegado grandes esfuerzos. Y han podido identificar no sólo a los invasores profesionales sino a una cantidad apreciable de delincuentes comunes que se hacen pasar por desplazados.Cali no puede aceptar más invasiones y el Estado debe impedir que triunfen los invasores profesionales o quienes desconocen la legalidad. Su historia reciente está marcada por ese tipo de acciones ilegales, consecuencia de las cuales padece graves problemas de inseguridad, de necesidades básicas insatisfechas y de conflictos sociales casi imposibles de resolver. Por eso es necesario respaldar el compromiso de la Alcaldía de establecer una política para impedir los asentamientos informales. Detrás de ellos está el desafío más grande para Cali y su derecho a ser una ciudad ordenada y capaz de atender como corresponde a los ciudadanos que respetan la ley.