¡No más destrucción!

Diez días completa hoy Cali en medio de los bloqueos y la destrucción de quienes aprovecharon la protesta social para sembrar el caos. Ante la violencia que acaba con la vida y el patrimonio público y privado de la ciudad y sus habitantes, el clamor de los caleños exige el final del horror que se pasea por la capital vallecaucana.

Por todas partes se sienten las consecuencias del vandalismo y las amenazas que se han tomado a una urbe de casi tres millones de habitantes. Ahora, ellos están sometidos al desabastecimiento de los alimentos y combustibles que requieren para su vida diaria, mientras todos los sectores de la ciudad, sin distingo, son escenario de las asonadas, de los disparos aislados y las confrontaciones que dejan un número hasta ahora indeterminado de muertes y de lesionados.

Es el caos que se pretende resolver proponiendo “corredores humanitarios” que permitan el ingreso de suministros vitales para la vida en nuestra ciudad. Entre tanto, grupos de personas establecen ya barricadas en las cuales exigen dinero a los transeúntes para circular y otros atacan las estaciones de servicio para destruirlas y robar la gasolina que puedan encontrar.

La Fuerza Pública que se encuentra en la ciudad hace grandes esfuerzos por controlar la situación, mientras es notoria la organización de quienes pagan a quienes adelantan los bloqueos, producen los desmanes y realizan los asaltos en muchos sitios de la ciudad. Son los mismos que quemaron decenas de buses y estaciones del MÍO, paralizando el transporte público que utilizan los caleños para su movilización, arrasaron con oficinas públicas y negocios privados.

Ahora mismo, algunos medios de comunicación y delegados de la ONU denuncian violaciones de Derechos Humanos cometidas por policías. Por supuesto, ellas deben ser investigadas y sancionadas como ordena la ley. Pero también es necesario denunciar la violación del derecho a la tranquilidad, a la movilidad, a la vida y a la alimentación que están siendo vulnerados de manera flagrante por los promotores del caos.

Esos también son Derechos Humanos, y tanto los organismos internacionales como los periodistas están en el deber de denunciar su violación y de exigir el respeto que merecen los ciudadanos de Cali, hoy cercados por los violentos. Lo que está ocurriendo aquí es ni más ni menos que un desafío al Estado de Derecho, a la Democracia y a las libertades consagradas en nuestra Constitución Nacional. Y la víctima es la ciudadanía que respalda las instituciones y desea una vida en paz.

Ahora mismo, los gobiernos nacional y municipal promueven mesas de diálogos con los que denominan actores de la protesta social, así como con las altas Cortes, los partidos y las fuerzas vivas del país y de nuestra ciudad. Pero lo que aquí está ocurriendo es el aprovechamiento de esa protesta para producir un drama de proporciones inaceptables que debe ser conjurado con los instrumentos que la Constitución entrega a los gobernantes con el mandato de defender a los ciudadanos de quienes siembran el terror, la escasez y la inconformidad en la Capital del Valle.