No a la protesta violenta

Decenas de heridos, policías y funcionarios retenidos, la vía Panamericana interrumpida en por lo menos diez puntos y la que conduce a Buenaventura afectada por ataques esporádicos, es hasta ahora el saldo de la ‘minga’ ordenada por los integrantes de las organizaciones indígenas para que sean atendidas sus peticiones y resueltos los incumplimientos. ¿Acaso es ese el objetivo de la protesta social que consagra nuestra Constitución?

La situación no parece tener un fin posible y da a entender que los organizadores de ese movimiento están dispuestos a mantener por largo tiempo lo que ya parece más bien un desafío. Mientras en Risaralda son retenidos 17 policías, en el Cauca es atacada la comisión integrada por los Ministros de Agricultura y Medio Ambiente que se dirigían a hablar con los delegados del movimiento.

Por supuesto, ese diálogo no pudo llevarse a cabo, lo cual fue aprovechado para acusar de un nuevo incumplimiento al Gobierno Nacional. Es lo mismo que ha ocurrido en los últimos años, ocasionado sin duda por promesas incumplidas pero también por exigencias desbordadas que pretenden desconocer el derecho a la propiedad privada basándose en consideraciones que se remontan a siglos antes de la colonización española.

Por supuesto, la autoridad tiene que enfrentar ese desafío que en muchos puntos dejó de ser una reivindicación justa para transformarse en daños a la infraestructura e interrupciones ilegales de la circulación en vías que benefician a toda la Nación. Y lo debe hacer en cumplimiento de su obligación de hacer prevalecer el orden y la Constitución ante quienes insisten en presentar las cosas como si se tratara de un conflicto entre naciones distintas.

Esa consideración no puede ser argumento válido. Colombia ha reconocido una legislación especial para las comunidades indígenas, lo que no da pie para promover movimientos en los cuales se desconoce el Estado de Derecho y se apela a las vías de hecho para imponer exigencias. Menos aún, cuando se pretende enfrentar a las comunidades que los promotores de la protesta dicen representar contra la inmensa mayoría de los colombianos.

Ya es hora de reclamar el retorno de la sensatez. Entendiendo que los gobiernos se han equivocado en aceptar concesiones imposibles, y que hay incumplimientos que pueden solucionarse, también es momento para que los dirigentes de las comunidades se comprometan a respetar el ordenamiento jurídico. La violencia, el constreñimiento o el uso de razones falsas como la supuesta discriminación no son instrumentos válidos para reclamar concesiones.

Hay que conseguir compromisos serios para respetar los derechos adquiridos con justo título. Durante muchos años, el Norte del Cauca y ahora el centro de ese departamento son escenarios de tomas e invasiones de predios, desconociendo la legitimidad y causando daños a la propiedad ajena así como causando lesiones a los funcionarios y a quienes no están de acuerdo con los invasores.

Eso debe ser parte de las negociaciones que se entablen entre el Gobierno y los dirigentes de las ‘mingas’. Colombia no puede seguir aceptando la violencia a nombre de las minorías.