No a la intolerancia

"Aprender a convivir respetando la diferencia de opiniones es regla fundamental para poder decir que una sociedad está dispuesta a buscar la paz. Sin ese requisito, cualquier intento o negociación para cesar los conflictos está condenado al fracaso".

Aprender a convivir respetando la diferencia de opiniones es regla fundamental para poder decir que una sociedad está dispuesta a buscar la paz. Sin ese requisito, cualquier intento o negociación para cesar los conflictos está condenado al fracaso. Así pasó hace 31 años, cuando surgió la Unión Patriótica como resultado de una de las tantas negociaciones con las Farc. Mientras el país se llenaba de esperanza y de símbolos que llamaban entonces a la reconciliación, fueron asesinados centenares de sus dirigentes sin que el Estado los hubiera protegido. Luego, la guerrilla radicalizó sus posiciones y la violencia llegó a niveles jamás vistos, mientras la sociedad, confundida, dividida y en gran parte atemorizada, no atinaba a entender lo que estaba sucediendo.Ahora, de confirmarse las denuncias sobre asesinatos contra defensores de derechos civiles, hay que reconocer que algo similar parece estar ocurriendo. Es como si no se aprendiera la lección sobre el daño que causa la recurrencia a las armas para zanjar diferencias políticas o ideológicas. Y como si no existiera entre las autoridades la suficiente capacidad para defender la vida de quienes confían en ellas como garantes de los acuerdos, o como promotoras de esos compromisos que prometen construir la concordia por las vías civilizadas. En igual sentido van las amenazas contra colombianos que desde distintos escenarios se pronuncian a favor de esa reconciliación, denuncian las desigualdades o las injusticias, o defienden sus puntos de vista. Es el caso de monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, quien recibió un panfleto que lo tilda de comunista e insinúa amenazas a su vida.Nada de eso puede ser aceptable. Sin importar el matiz ideológico o la militancia en cualquiera de los lados del espectro político, los derechos a la vida y a la libertad de opinión deben ser respetados y defendidos. Luego de tantos años de violencia inútil y de tragedias causadas por la intolerancia, Colombia parece abrir una oportunidad a la reconciliación, así existan puntos de vista opuestos sobre el acuerdo con las Farc. Aunque el resultado pueda crear una polarización entre sus partidarios y sus oponentes, es claro que ninguno de los dos lados está dispuesto a respaldar que nuestra sociedad regrese a las épocas en las cuales fue corriente la intimidación y en muchos casos la eliminación de los contrincantes, mientras la impunidad lo permitía.Algo tenemos que haber aprendido de nuestra historia. Lo primero es que el Estado no puede ser convidado de piedra y debe anticiparse a los brotes de violencia que parecen resurgir a pesar de las invocaciones a la paz. Lo segundo es que los colombianos, sin importar sus ideas, tampoco son ajenos a lo que puede estar sucediendo con los líderes sociales, sean o no partidarios de las Farc. Hoy, Colombia tiene un desafío, quizás el más importante de toda su historia republicana: el deber de rechazar la violencia como instrumento político. Lo contrario sería aceptar que nuestra Nación no es capaz de resolver sus conflictos mediante los recursos que le ofrece la civilización.