Negociación indebida

Ante tales argumentos, lo correcto es dar la cara al país en vez de negociar en los pasillos del Legislativo; debatir de manera pública los argumentos y no intercambiar favores para asegurar una decisión. Esa falta de transparencia es la que el país rechaza porque no aporta a la confianza en las instituciones el que asuntos tan importantes sean transados a espaldas de la Nación.

Si algo faltaba para tomar la decisión de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, los hechos de los últimos días lo han aportado. Lo que sigue es aprender del error y crear una institución respetable que se encargue de recuperar la calidad y el buen nombre de la Justicia colombiana.El presidente Juan Manuel Santos fue quien reveló los intentos por impedir que se tramite en el Congreso la liquidación del CSJ, incluida en el proyecto sobre el llamado Equilibrio de Poderes. Intentos que contenían una negociación clientelista en la que se entregarían prebendas a cambio de negar la aprobación. Qué tanto se estaba comprometiendo y quiénes son los Magistrados y los Congresistas involucrados en la prohibida negociación, es algo que está por conocerse. Sin embargo, el doctor Néstor Raúl Correa, miembro de la Sala Administrativa del Consejo, reconoció que tales maniobras se acordaron “con una votación 8-1” de las dos salas, en la cual él votó en forma negativa y dos magistrados no asistieron. Es decir, sí existió la orden para hacer el cabildeo, o la negociación, en el Legislativo. Y sí han existido reuniones con congresistas para negociar la continuidad del CSJ a cambio de puestos que serían creados en un futuro próximo.El asunto es de gran importancia. Infortunadamente, esa entidad ha sido fuente de decepciones para la Nación. La escogencia misma de sus magistrados, que realiza el Congreso, le dio un tono político que no contribuye a su credibilidad. Y no son pocos los escándalos en los que se han visto involucrados varios de sus integrantes, al punto en que uno de ellos debió presentar renuncia por actos indebidos. Y qué decir de los cientos de fallos de tutela que desconocen la jurisprudencia y las leyes, o del carrusel de funcionarios que llegaban al Consejo por unos pocos días, con el exclusivo propósito de incrementar sus pensiones de jubilación.Además, está claro que el manejo dado a los recursos para la rama judicial no ha sido el mejor. De ello dan fe los innumerables conflictos que se presentan y los resultados de las pruebas realizadas a finales del 2014 para aspirantes a Magistrados y Jueces. Allí quedó en evidencia la falta de capacitación que presentaron la inmensa mayoría de los concursantes, al punto en que sólo el 6% de ellos aprobó los exámenes. Ante tales argumentos, lo correcto es dar la cara al país en vez de negociar en los pasillos del Legislativo; debatir de manera pública los argumentos y no intercambiar favores para asegurar una decisión. Esa falta de transparencia es la que el país rechaza porque no aporta a la confianza en las instituciones el que asuntos tan importantes sean transados a espaldas de la Nación. Se habla ahora de denunciar ante la Comisión de acusaciones los hechos y sus posibles responsables. Vana ilusión, porque esa Comisión es otra de aquellas entidades que han prohijado la impunidad de quienes han aprovechado sus investiduras y han mantenido en entre dicho a funcionarios probos. Por eso, lo que está claro es que, para bien de la Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura debe desaparecer.