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Mirar hacia delante

Si bien hay razones para preocuparse por lo que pueda ocurrir, en especial por la aplicación que hagan los Magistrados de la JEP del poder del cual han sido investidos, no puede quedar duda sobre la necesidad de mirar hacia delante, con grandeza y en función del bien común.

1 de julio de 2018 Por: Editorial .

Un final apresurado y un inicio que preocupa, podría ser la forma de definir lo que ocurrió en el Congreso con la aprobación del reglamento que regirá la actuación de la Justicia Especial de Paz, JEP, y lo que le espera a la política colombiana después de los resultados del 11 de marzo y del 17 de junio.

En sesiones extras y con debates que revivieron la confrontación política entre el Gobierno que termina y el Centro Democrático, el Congreso aprobó el reglamento que elaboraron los integrantes de la JEP y fue puesto a consideración por el Ejecutivo. La decisión se produjo después del triunfo del candidato que encarnó el otro punto de vista, y por lo que se pudo constatar, arrastró gran parte de las mayorías que la Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos tenía en el Legislativo.

Todo cambió en forma dramática en cuanto al poder dentro del Congreso. Pese a ello, y no obstante los debates álgidos que tuvieron lugar en las dos últimas semanas, lo positivo fue que el reglamento fue aprobado, aunque con algunas variaciones que se prestan para interpretaciones.

Ahora empieza una nueva etapa, en la que debe pensarse en el beneficio para Colombia. Si bien hay razones para preocuparse por lo que pueda ocurrir, en especial por la aplicación que hagan los Magistrados de la JEP del poder del cual han sido investidos, no puede quedar duda sobre la necesidad de mirar hacia delante, con grandeza y en función del bien común.

El gobierno Santos se comprometió en sacar adelante un acuerdo con las Farc que logró la desmovilización de ese grupo, adquiriendo compromisos polémicos en muchos casos. Mal que bien, ese es un hecho cumplido que responde a una aspiración nacional y que debe ser llevado a su consolidación para evitar reversas que pueden causar daños irreparables.

Ahora llega el gobierno del presidente Iván Duque y de las nuevas mayorías. A él le corresponderá ejecutar esos acuerdos y, en la medida que sea necesario y posible, mejorarlos y acondicionarlos a las nuevas realidades. Para ello debe quedar claro que no puede existir ánimo vindicatorio sino la búsqueda de ese consenso que ha sido tan esquivo en nuestro país, desde el mismo momento en que la Paz se convirtió en bandera partidista y dejó de ser factor de unión.

Es allí a donde hay que volver: a la unión para que la paz sea una realidad; para que amenazas como el narcotráfico desaparezcan; para que los ojos de todos los colombianos estén atentos a las actuaciones de la JEP y se impida la impunidad a los infames delitos atroces cometidos en nombre de una política mentirosa. En fin, a hacer la tarea que corresponde para cerrar el capítulo de la violencia crónica que ha dejado millones de víctimas.

La Corte Constitucional tendrá la obligación de pronunciarse sobre el reglamento aprobado y sobre los temas que causan polémica. Es allí donde toma toda su validez la división de poderes como pilar de la democracia.

Entre tanto, la dirigencia política, y en especial el nuevo gobierno están llamados a moverse hacia adelante y dar los pasos para convertir en realidad la reconciliación que reclama el pueblo colombiano.

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