Minería depredadora

"Permitir la actividad minera en los páramos o en cualquier reserva natural, por decisión o por omisión, equivale a decirles a los colombianos que poco importa arriesgar los ecosistemas donde nacen los ríos que surten de agua al 70% de su población".

Colombia tiene en los recursos mineros uno de sus mayores potenciales económicos. Pero cuando la explotación de esa riqueza se hace sin la regulación y los controles necesarios para preservar los recursos naturales y la vida humana se convierte en un problema que pone en riesgo el futuro de comunidades enteras. Esta semana la Defensoría del Pueblo alertó sobre el peligro en el que se encuentran los ecosistemas nacionales por cuenta de la explotación minera en las zonas de páramos. Un riesgo generado tanto por la minería ilegal como por la explotación legal. Las dos están huérfanas del ejercicio de la autoridad, debido a una legislación que carece de dientes para realizar los debidos controles. La preocupación de la Defensoría se refiere a las 108.000 hectáreas de páramos que el Estado ha entregado en concesión para que sean explotadas a través de 391 títulos mineros. Grave, porque según el Código que regula la actividad, los páramos, las reservas forestales, los humedales, y los parques naturales nacionales y regionales son zonas de exclusión minera. Tan perverso como que el 6% del total de los páramos esté hoy concesionado, es que otro 47% tenga ante el Ministerio de Minas solicitudes de particulares para su explotación. Sin contar con quienes desde la ilegalidad, como las Farc que encontraron en este un negocio rentable según denuncias del Gobierno, abren las entrañas de las montañas para extraerles sus recursos. Permitir la actividad minera en los páramos o en cualquier reserva natural, por decisión o por omisión, equivale a decirles a los colombianos que poco importa arriesgar los ecosistemas donde nacen los ríos que surten de agua al 70% de su población.De la explotación minera ilegal y sin control así como del daño que produce a sus recursos naturales, saben Cali y el Valle. El lunes se alertó sobre actividades con excavadoras en la quebrada San Pablo, afluente del río Pance, ubicada en el parque nacional Los Farallones. Y a pesar del anuncio de cierre realizado hace dos meses, sigue la extracción de carbón en el Cerro de La Bandera, una reserva forestal a la que le han ido tajando sus entrañas. Así mismo, los páramos de Barragán y Las Hermosas tienen 2.800 hectáreas en riesgo por lo títulos mineros que entregó el Estado. Los efectos de la minería ilegal en el río Dagua los siente hoy Buenaventura. La ciudad tiene problemas en el suministro de agua, aumentó la sedimentación en la bahía con las consecuencias para el transporte marítimo, y los niveles de contaminación por mercurio afectan la pesca y la salud de los porteños. La excusa para permitir la explotación minera no puede estar más en que es la única fuente de sustento de algunas personas. El “pobrecitos los pobres” no cabe cuando se destruye el balance de los ecosistemas, cuando se acaba con los recursos naturales de la nación y cuando se pone en riesgo la integridad de los mineros. Colombia debe tomar decisiones drásticas y ejercer la autoridad para evitar que el afán de lucro se anteponga a la protección del medio ambiente y de la vida. Y a controlar y castigar a quienes depredan sus páramos y sus ríos.