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“Minería criminal”

"Así de grave es la situación que amenaza por igual a quienes viven en el sector, a los 300.000 habitantes de la ciudad más importante sobre el litoral pacífico, como a las poblaciones cercanas y a obras de infraestructura tan importantes como el ferrocarril y la doble calzada que se construye para conectar de manera decente a Buenaventura con el interior del país".

26 de octubre de 2012 Por:

"Así de grave es la situación que amenaza por igual a quienes viven en el sector, a los 300.000 habitantes de la ciudad más importante sobre el litoral pacífico, como a las poblaciones cercanas y a obras de infraestructura tan importantes como el ferrocarril y la doble calzada que se construye para conectar de manera decente a Buenaventura con el interior del país".

Luego de años de luchar contra la explotación ilegal y depredadora que se tomó el corregimiento de Zaragoza, municipio de Buenaventura, el Director de la CVC prendió de nuevo las alarmas sobre una nueva ofensiva de la delincuencia que insiste en apoderarse del sector. Más que un pulso con la delincuencia, allí está jugándose la capacidad del Estado para defender el medio ambiente y el imperio de la ilegalidad. Por increíble que parezca, 60 retroexcavadoras están de nuevo en un sector arrasado hace tres años por centenares de los mismos aparatos que, dado su tamaño, no deberían estar allí. Y, según las denuncias del doctor Óscar Libardo Campo, director de la autoridad medio ambiental para el Valle, su radio de acción ya no sólo está en la cuenca del río Dagua sino que avanza hacia reservas ecológicas como San Cipriano y el río Escalerete, además de afectar las zonas de Córdoba, Boquerón, El Palito y La laguna. Con lo cual se pone en riesgo el ecosistema, además de destruir las fuentes que surten de agua a Buenaventura. Mientras tanto, y como ocurrió en el pasado, la actitud de las autoridades de ese Municipio frente al problema no parece ser la respuesta adecuada y es objeto de cuestionamientos que reclaman mayor decisión. Así de grave es la situación que amenaza por igual a quienes viven en el sector, a los 300.000 habitantes de la ciudad más importante sobre el litoral pacífico, como a las poblaciones cercanas y a obras de infraestructura tan importantes como el ferrocarril y la doble calzada que se construye para conectar de manera decente a Buenaventura con el interior del país. Es decir, la vía más importante para unir a Colombia con el océano Pacífico y con las posibilidades que los sucesivos Gobiernos Nacionales se han empeñado en mostrar como el futuro de nuestra economía. Es el desafío abierto de la ilegalidad que incluye a las Bandas Criminales, a las Farc y a toda clase de delincuencia, empeñados como están en apoderarse del oro que supuestamente abunda en la región. Hace pocos años, allí se asentaron miles de personas y murieron decenas de ellas en socavones infernales. Además de las 60 retroexcavadoras denunciadas por el Director de la CVC, hoy existen túneles de centenares de metros que atraviesan la carretera, o socavan las frágiles montañas que circundan el Dagua. Y se usan toda clase de insumos químicos sin control que envenenan aguas otrora cristalinas, utilizadas para el consumo humano. Es decir, estamos a la espera de una tragedia causada por la “minería criminal”, calificativo ya usado en los medios oficiales y que define con exactitud el fenómeno que ocurre en Zaragoza y las zonas aledañas. Para enfrentarlo, la CVC estudia la declaración de una ‘Emergencia Ambiental’, con lo cual tendrá mejores instrumentos legales para enfrentar el desafío de la ilegalidad. La pregunta es si esos recursos serán suficientes, y si el Estado, empezando por la Alcaldía de Buenaventura y terminando en el Gobierno Nacional, seguirán a la expectativa, aguardando la tragedia esperada para actuar en defensa del medio ambiente y la legalidad.

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