Menos violencia, más fraude

"El informe del MOE afirma también que la posibilidad de fraude crece por las maniobras que desarrollan “los políticos en cada uno de los entes territoriales”. Es decir, que se han incrementado las prácticas para comprar la voluntad del electorado, para suplantar su decisión o forzarlo a tomar determinaciones que respondan más a la capacidad de presión de los candidatos que a la libre escogencia".

A 26 días de celebrarse las elecciones que renovarán el Congreso de la República, se conoció el llamado Mapa de Riesgo sobre los comicios. Y a juzgar por su contenido, las trampas, el fraude y la compra de votos, entre otros vicios, reemplazarán a la violencia de los paramilitares, las Farc y la delincuencia común en todas sus expresiones como principales instrumentos para desviar o alterar la voluntad popular.Liderado por la Misión de Observación Electoral, MOE, con la participación de importantes universidades y algunas Organizaciones dedicadas a investigar y defender las libertades, el informe es un análisis descarnado sobre las amenazas que padece el derecho al voto libre en Colombia. Su primera revelación es que el número de municipios en riesgo de fraude en las elecciones para el Senado pasó de 291 a 410, un crecimiento del 38% con respecto al 2010, aunque en las de Cámara de Representantes se redujo en un 5%.El informe de la MOE revela también cuáles son los departamentos y municipios más expuestos al fraude. Y, además de reconocer que el riesgo ha crecido en Putumayo, Amazonas, Caquetá y Meta, afirma que se concentra en “departamentos que por tradición han presentado dinámicas políticas asociadas al clientelismo y a la ilegalidad: Antioquia con 64 municipios, Nariño con 35, Boyacá con 30, Norte de Santander con 24 y Córdoba con 18”. Para la Cámara, el informe indica que los municipios amenazados son 71 de Antioquia, 38 de Cundinamarca, 29 de Nariño, 19 de Santander y 16 del Atlántico. Por último, la MOE hace una invocación a los jueces, autoridades, organismos judiciales y de investigación y control, para que eviten la manipulación de los tarjetones no marcados, uno de los grandes factores de riesgo. Afirma también que la posibilidad de fraude crece por las maniobras que desarrollan “los políticos en cada uno de los entes territoriales”. Es decir, que se han incrementado las prácticas para comprar la voluntad del electorado, para suplantar su decisión o forzarlo a tomar determinaciones que respondan más a la capacidad de presión de los candidatos que a la libre escogencia. En contraste, los esfuerzos de las autoridades para combatir los grupos de violencia han llevado mayor seguridad a muchos municipios, rebajando así su incidencia en la política local y regional. También es importante destacar que si bien el documento reconoce riesgos de fraude en el Valle, nuestro departamento ya no aparece en los primeros lugares de la clasificación. Sin embargo, las informaciones que se tienen indican una embestida de los intentos por conseguir votaciones ya sea pagando cuantiosas sumas a líderes tradicionales en los municipios vallecaucanos o fraguando las consabidas operaciones para comprar votos. Esa realidad no puede ser desconocida por las autoridades electorales. En resumen, puede decirse que el mapa de riesgo electoral 2014 es un aviso sobre lo que puede ocurrir el próximo 9 de marzo. Cabe preguntar qué se hará en adelante para descubrir y sancionar a quienes se beneficien del fraude que desnaturaliza la democracia colombiana.