¿Mal sin remedio?

Septiembre 29, 2021 - 11:55 p. m. 2021-09-29 Por: Editorial .

Entre las tantas cosas que ha destapado el escándalo del contrato para dotar de internet a escuelas y colegios en todos los pueblos del país, se destaca ante todo la capacidad de la corrupción para supervivir y revitalizarse en las entrañas del Estado. Y las enormes dificultades de este para descubrir y sancionar de manera temprana y ejemplar a quienes, al parecer, se han apoderado de la contratación pública y se apropian del patrimonio que pertenece a todos los colombianos, en especial, a los más necesitados.

Lo que se ha destapado hasta ahora con respecto al consorcio Centros Poblados es de una dimensión insólita, y no sólo por la manera en que burlaron las exigencias del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, logrando que les adjudicaran un contrato por $1,2 billones dirigidos a beneficiar millones de jóvenes de escasos recursos económicos. Lo más degradante es la manera en que se festinaron los $70.000 millones del anticipo en fiestas, apartamentos, viajes, coimas, automóviles y toda suerte de despilfarros, mientras los responsables contrataban prestigiosos abogados y utilizaban todas las estrategias de comunicación posibles para desviar la atención sobre sus felonías.

Y frente a ello, el Estado debe andar de manera lenta, mientras la presunción de inocencia y los principios de favorabilidad de la justicia penal hacia reos y acusados se constituyen en troneras vergonzosas para burlar a la justicia y birlar el patrimonio público. Personajes condenados que gozan de casa por cárcel y usan todos sus entronques e influencias, que viajan por todo el país sin permisos de sus carceleros y jueces para urdir la trama, y socios que se acusan entre sí, que se amenazan y luego cuentan sus fechorías buscando el beneficio que les reduce los castigos que merecen por sus conductas antisociales.

Más grave aún, eso parece ser solo una pequeña parte del entramado que ha llegado hasta Emcali, falsificando documentos con los cuales se otorgaron contratos mediante invitaciones en las cuales participan uno o dos proponentes. Y la impotencia de quienes deben vigilar, sancionar y anticiparse a los delincuentes, lo que los hace llegar tarde, cuando el latrocinio ha sido consumado, el daño está hecho y los desfalcadores disfrutan de lo que les quitaron a los colombianos.

Hace cuatro años, el entonces contralor Edgardo Maya afirmó que en Colombia existía un cartel de contratistas, ‘una robadera’ que se quedaba con $50 billones al año de los presupuestos públicos. Y a pesar de que se han emitido algunas normas para tratar de contener la corrupción, hoy existe más incertidumbre y es patética la incapacidad de los entes de control y la justicia para cerrar las venas rotas que maneja el clientelismo, por las cuales desaparecen los recursos destinados a atender las necesidades de millones de colombianos.

Por algo será que los colombianos están cada vez más lejanos de su Estado y la política ya no convoca el respaldo ciudadano. Es la corrupción, el mal sin límites y el gran enemigo de la democracia y de la moral que necesita una Nación para defender el Bien Común.

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