Los riesgos de San Andrés

Miradas furtivas, indiferentes o a lo sumo apenadas son las que se le dan desde el interior de Colombia al archipiélago de San Andrés. A cambio, las acciones para asegurar su conservación son pocas y más escasos son los oídos prestos a escuchar y atender sus reclamos.

Se han necesitado los litigios con Nicaragua o que se le hayan arrebatado 70.000 kilómetros de aguas marítimas para que se despierte el amor patrio por ese pedazo de país y los dirigentes se ufanen de su belleza mientras prometen prestarle la atención que se merece. El efecto, infortunadamente, pasa rápido y después pocos se acuerdan de la necesidad de defender ese paraíso natural para asegurar su conservación.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está cerca de uno de los patrimonios ambientales más importantes para Colombia e incluso para el mundo y las decisiones que se tomen sobre sus islas y su mar deberían tener prioridad. Declarada como la reserva de biósfera Seaflower desde hace 17 años, es poco lo que se ha hecho para preservar sus ecosistemas, proteger la zona que alberga el 77% de las áreas coralinas nacionales y en general para salvar sus riquezas naturales tanto marítimas como terrestres.

El más reciente informe de la Procuraduría General de la Nación no deja dudas sobre el abandono y la indiferencia hacia San Andrés. Según la entidad no ha habido responsabilidad para proteger los recursos naturales ni la reserva; tampoco hay una planeación en gestión ambiental ni mucho menos un nivel de sostenibilidad. El hacinamiento de viviendas, el bajo nivel de ingresos de la población raizal, la poca cobertura en servicios públicos, todo lleva a que se ejerza una presión sobre el medio ambiente.

Tal regaño se extiende a Coralina, la entidad ambiental del Archipiélago. Según la Procuraduría es ineficaz a la hora de materializar proyectos, entre otras razones porque cuenta con poco personal, un bajo presupuesto y, lo más grave, “desconoce la normatividad sobre la cual debe sustentar sus decisiones ambientales”. Si esa primera instancia falla, se puede deducir que no habrá intención que valga para ayudar a San Andrés y el resto de sus islas.

Por eso genera tantas expectativas el decreto del Ministerio del Medio Ambiente con el cual se reglamenta un plan de manejo integral para el Archipiélago. La orden es articular cinco instrumentos de planificación que garanticen el manejo de la reserva de biosfera, las cuencas hidrográficas, la zonificación de los manglares, los acuíferos y aguas subterráneas, y las áreas protegidas como sus tres parques regionales.

Si se quiere que todo ello funcione es necesario ir más allá de las órdenes que da el decreto. Sin apoyo técnico, sin recursos y sin un proceso educativo con la comunidad raizal para que ayude a la conservación natural, todo se quedará como un canto a la bandera. Sobre todo se necesita que desde el interior del país se haga un compromiso que no termine en otra frustración como las que han sido la constante siempre para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un territorio de la mayor importancia para Colombia.