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Los rehenes de siempre

"Por supuesto, en una democracia cualquier ciudadano, sea o no funcionario del Estado, puede reclamar lo que considera justo en sus condiciones laborales. Y exigir que se le reconozcan y cumplan los acuerdos que los gobiernos hayan pactado para ese fin, como parece ser el motivo de la protesta. Lo que no tiene ninguna justificación es que esa reclamación se haga a costillas de los demás ciudadanos".

28 de abril de 2015 Por:

"Por supuesto, en una democracia cualquier ciudadano, sea o no funcionario del Estado, puede reclamar lo que considera justo en sus condiciones laborales. Y exigir que se le reconozcan y cumplan los acuerdos que los gobiernos hayan pactado para ese fin, como parece ser el motivo de la protesta. Lo que no tiene ninguna justificación es que esa reclamación se haga a costillas de los demás ciudadanos".

Estalló el paro de los afiliados a Fecode, el poderoso sindicato que agrupa a los educadores. Y como siempre, serán los alumnos los que pagarán el pato de un forcejeo en el cual se pierden recursos, tiempo y esfuerzos que deberían estar dedicados a ofrecer mejores oportunidades para los colombianos. Se sabe hasta ahora que los sindicalistas están reclamando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional hace un año. Por su parte, la Ministra de Educación ha sido clara al ofrecer el diálogo para encontrar salidas que se atenúen a las condiciones fiscales que está experimentando la Nación, además de exigir que no se aplique la huelga como instrumento para presionar acuerdos que aún pueden ser objeto de una negociación seria y responsable. Pero esos llamados no parecen tener resultados. Se dirá que los promotores están autorizados para aplicar las vías de hecho cuando se trata de defender sus prebendas sindicales. Pues no es así, porque la ley es clara al prescribir que el derecho al paro está limitado cuando se trata de servicios fundamentales. Es decir, cuando afecta derechos esenciales como el de la educación, la justicia o la salud. Pues bien, por razones que no son claras, esas excepciones no se aplican. Y cada vez es más frecuente que los sindicatos gubernamentales, como es el caso de Fecode o de los que agremian a funcionarios de la rama judicial, declaren sus paros. Y afecten a los jóvenes y niños que tienen en la educación la posibilidad de mejorar su vida, o a los ciudadanos que necesitan de la Justicia para resolver sus situaciones personales o para terminar con los conflictos de común ocurrencia. Ellos son los rehenes de siempre de quienes tienen poderosas organizaciones para entorpecer la vida del resto de colombianos. Ellos son los que no tienen recursos para publicar extensos comunicados en los medios de comunicación, o para pagar movilizaciones. Son también los que deben pagar con su tiempo y sus impuestos las horas perdidas que nunca son recuperadas o repuestas por los huelguistas. Por supuesto, en una democracia cualquier ciudadano, sea o no funcionario del Estado, puede reclamar lo que considera justo en sus condiciones laborales. Y exigir que se le reconozcan y cumplan los acuerdos que los gobiernos hayan pactado para ese fin, como parece ser el motivo de la protesta. Lo que no tiene ninguna justificación es que esa reclamación se haga a costillas de los demás ciudadanos. Y mucho menos, que sean los niños y jóvenes de escasos recursos económicos quienes deban cargar con los perjuicios inmediatos. El presidente de Fecode dijo que con decisión política, el acuerdo se lograría en dos horas. Por supuesto que así puede ser, ofreciendo mejores condiciones para quienes tienen a su cargo una labor fundamental para la sociedad. Incluso, se podría resolver antes si quienes promueven el paro deciden continuar las negociaciones sin negar el servicio, lo que constituye una presión inaceptable. ¿Acaso esa decisión política no involucra a la organización que él representa?

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