Los menores y el delito

Así, y con muy pocas excepciones, el comportamiento del Estado continúa siendo por lo menos deficiente. Está claro que el asunto no se resuelve dictando una norma, o concentrando la mirada en lo que ocurre en los centros de reclusión, que en su inmensa mayoría no cuentan ni con la capacidad ni con la idoneidad para atender el problema.

Paralelo a las noticias que hablan a cerca de una mejora en algunos índices sobre criminalidad en Colombia, ayer fue dado a conocer el informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes que deja grandes preocupaciones. Allí esta una de las causas de que Colombia registre índices de violencia que crecen en la medida en que el Estado y la sociedad no asuman una responsabilidad clara en el tratamiento del problema.Según se define por sus autores, el Sistema es el conjunto de normas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito. “Esto teniendo en cuenta que los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine”.Aunque la descripción del sistema, creado en el año 2006 dentro del Código de la infancia y la adolescencia es inobjetable, lo acontecido en nueve años de aplicación deja mucho que desear. Cali es una muestra de ello: mientras sigue siendo prácticamente inexistente el apoyo a los menores acusados o condenados por conductas antisociales, los centros de reclusión continúan siendo focos de conflicto. Y en algunos casos llegan a ser ejemplos vergonzosos de desconocimiento de sus derechos.Así, y con muy pocas excepciones, el comportamiento del Estado continúa siendo por lo menos deficiente. Está claro que el asunto no se resuelve dictando una norma, o concentrando la mirada en lo que ocurre en los centros de reclusión, que en su inmensa mayoría no cuentan ni con la capacidad ni con la idoneidad para atender el problema. De ahí que cada año sean muy críticos los informes de la Procuraduría como ente encargado de vigilar el cumplimiento de los propósitos que se buscaron al crear el código.El del año pasado no es la excepción. Según la Procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia, el sistema está al borde del fracaso porque “no está teniendo en cuenta la Convención de Derechos del Niño” y requiere una revisión completa. Al registrar el aumento de los delitos que han sido cometidos por menores, la Procuradora afirma que gran parte de la responsabilidad le cabe al Ministerio de Justicia por la ausencia de políticas de prevención.En general, el problema está en entender el sistema como un mecanismo represivo y no como lo que debe ser, el propósito de proteger a los menores para que sean buenos ciudadanos; de ofrecerles asistencia para que la violencia intrafamiliar y el abandono no los arrojen a los brazos de las organizaciones criminales que los usan como carne de cañón para sus fechorías.Aunque los reclamos de la Procuraduría reflejan el descontento de la sociedad, no deben interpretarse como una absolución a su indiferencia sobre el daño que se produce cuando los padres de familia y los organismos estatales permiten que los menores caigan en el delito.