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Los estragos de la violencia

Junio 10, 2021 - 11:55 p. m. 2021-06-10 Por: Editorial .

Además de la violencia que desataron contra Cali desde el pasado 28 de abril, la ciudad debió registrar el homicidio de 22 personas el pasado fin de semana. Es una constante que crece y no parece existir en sus gobernantes la voluntad de contener lo que es la peor muestra de la inseguridad y la indolencia que destruye la credibilidad en las instituciones.

Esa cifra debería conmover las más profundas fibras de la sensibilidad en la sociedad. La vida es un valor, el más importante, y el que demanda la reacción de quienes la conforman, reconociendo que con ello se está exigiendo también la actuación del Estado y de quienes conducen el gobierno municipal. Sin embargo, a veces da la impresión de que estadísticas tan terribles como la registrada entre el viernes y el domingo pasados, o la que muestra un total de 172 homicidios en mayo (88 se reportaron en igual mes del 2020), se encuentran con la insensibilidad de una comunidad que parece acostumbrarse a esa tragedia.

Eso explicaría también que no hubieran reacciones cuando el alcalde Jorge Iván Ospina, quien ha demostrado su animadversión a la Policía y a enfrentar como corresponde el desafío de la violencia, deja de ejecutar más de $20.000 millones del presupuesto para la seguridad en el 2020 y reduce en una proporción similar la partida destinada a este rubro en 2021. Allí están las consecuencias de romper con una política que fijaron sus antecesores en los últimos ocho años, logrando un resultado importante en la baja de las cifras de homicidios.

Esa fue una prioridad que se acompañó de inversiones a través de los programas como el de Territorios de Inclusión y Oportunidades, TIOS, o el de Gestores de Paz. Aunque ocasionaban altas erogaciones, permitieron atender centenares de jóvenes cuyas condiciones económicas y sociales los impulsaron a pertenecer a pandillas o en muchos casos a vincularse a los grupos de violencia que se disputan el narcotráfico y convierten a Cali en epicentro de guerras territoriales, vendettas y delincuencia. O servían para reducir los casos producidos por la intolerancia, uno de los factores más graves dentro de la violencia que padece la ciudad.

También es claro que la capital vallecaucana es víctima del narcotráfico y la violencia que trae consigo todo el suroccidente colombiano, precisamente por ser la ciudad que ofrece los servicios que requieren las organizaciones criminales para ocultar y manejar la riqueza que generan sus delitos. Ello implica que el Estado en su conjunto tiene que aumentar su presencia en la región, a la vez que actuar con mayor decisión en el apoyo a una ciudad de casi tres millones de habitantes que está padeciendo la embestida de la criminalidad disfrazada con todas las máscaras posibles, incluida la protesta social y la política.

Cali tiene que enfrentar y resolver la tragedia que significa el abrumador número de homicidios que registra. Para ello es imperioso que su sociedad despierte ante la manera en que la muerte violenta se abate sobre su gente y que sus gobernantes asuman el deber de proteger la vida en la ciudad que juraron defender.

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