Los costos de La Línea

Sesenta años completa ya el compromiso de hacer el túnel de La Línea, el único camino que, al parecer, es la alternativa para unir al centro con el occidente de Colombia. Ahora empieza una nueva etapa que debe llevar a culminar una obra en la cual se han gastado recursos y energías que bien pudieron dedicarse a otras alternativas más adecuadas.

No se sabe cuándo los gobiernos decidieron que ese paso por la cordillera central, a 3.265 metros de altura y en medio de montañas inestables con riesgos altos de deslizamientos y con demostradas falencias, era el único camino o el más expedito parta cumplir la misión de unir al país por vía terrestre. Tampoco es posible aclarar por qué se renunció al transporte férreo como un medio seguro y confiable con el cual se ahorrarían ingentes recursos gastados en combustibles fósiles y en desgaste de camiones y automóviles obligados a tomar ese camino.

Sean cual fueren esas razones, las autoridades decidieron realizar el proyecto del túnel a una altura que no alcanza a resolver los problemas de inestabilidad que se presentan en los 79,3 kilómetros de la carretera que une a Calarcá en el Quindío con Ibagué, la capital del Tolima. Nueve años han pasado desde que se le entregó a un consorcio el contrato para realizar el mentado túnel acompañado por obras de infraestructura con las cuales se ofreció resolver los problemas de La Línea.

Esa decisión, que desde el principio causó polémicas por el monto en el cual se tasaron las obras por los contratistas, tuvo un efecto adicional: suspendió hasta nueva orden la posibilidad de buscar pasos alternos en zonas comprendidas entre los municipios de Tuluá y Florida en el Valle, además de llevar a descartar la construcción de un ferrocarril que evitara las incomodidades de tener que dividir en camiones lo que puede ser arrastrado de una sola vez, a menores costos y de manera más expedita la carga que entra y sale de Bogotá y el centro de Colombia hacia Antioquia, el Valle, el Cauca y Nariño.

Y ocurrió entonces lo que se temía, lo que fue advertido en su momento y lo que recibió como respuesta los oídos sordos. El tiempo de ejecución de la obra pasó de seis a diez años, su costo se elevó de seiscientos mil millones a 1.2 billones de pesos, el contratista incumplió, el contrato debió ser caducado y ahora se anuncia un nuevo consorcio que en un año deberá completar el 12% que aún falta por construir, si no se presentan más inconvenientes.

Es imposible hoy calcular cuánto tiempo y cuántos recursos ha perdido Colombia en el empeño de construir una obra con la cual no se solucionarán todos los problemas y los peligros que tiene la carretera que asciende a La Línea. Pero sí es posible reflexionar sobre el costo que para el país ha significado la obsesión de construir el túnel que sin duda debe ser terminado, olvidándose de las demás alternativas para cumplir con la vieja y al parecer aún distante aspiración de unir al país por vía terrestre, de evitar los inconvenientes para el tránsito y de darle competitividad a las exportaciones colombianas.