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Los combates en el Cauca

si bien es entendible el reclamo sobre los combates que se desarrollan en la zona, nadie puede descalificar la acción del Ejército contra quienes la han convertido en productora de drogas ilícitas o las siembra de minas.

25 de enero de 2011 Por:

si bien es entendible el reclamo sobre los combates que se desarrollan en la zona, nadie puede descalificar la acción del Ejército contra quienes la han convertido en productora de drogas ilícitas o las siembra de minas.

Durante muchos años, el Estado colombiano pareció aceptar de manera tácita la presencia de las Farc en la parte montañosa del norte del Cauca. Ahora, su propósito de rescatar a ese territorio para devolverle la tranquilidad se encuentra con una dura resistencia de quienes se encargan de defender la región que dedicaron a cultivos ilícitos de todo género, en el cual han sentado sus reales y atemorizan a sus habitantes.Los combates que tuvieron lugar el fin de semana pasado en los alrededores de Corinto, Caloto, Toribío y El Palo, son resultado de la decisión tomada para sacar de esos dominios a las Farc, cuyo comandante lleva muchos años ejerciendo la intimidación y controlando el narcotráfico. Y demuestran que si bien se ha avanzado mucho, el país, en especial el suroccidente de su territorio, sigue amenazado por la presencia de la guerrilla que desde allí maneja aún la producción de marihuana, amapola y coca, cultivos de los cuales deriva importantes recursos.Esa situación no es nueva. Por el contrario, los muchos años que la zona careció de la presencia permanente y decidida del Estado, permitió a la guerrilla la consolidación de un dominio basado en generar el temor entre los ciudadanos, en su mayoría pertenecientes a las etnias indígenas, que debieron acostumbrarse a su presencia. Ahora, la recuperación que adelanta la Fuerza Pública se encuentra con grandes dificultades ante la densa población de la zona y la existencia innegable de las ‘milicias’, grupos de colaboradores reconocidos por las mismas Farc. Todo eso ha implicado para las autoridades la obligación de actuar con sumo cuidado para evitar daños a la población civil. Y ha producido que algunos dirigentes de los grupos étnicos insistan en reclamar el retiro del Ejército, como si fuera un “actor del conflicto” equivalente a la guerrilla que amenaza al pueblo indígena. Peligrosa asimilación, que además de partir de presupuestos equivocados, equivale a reclamar la ausencia de la autoridad en un territorio donde rige la Constitución Nacional.En efecto, si bien es entendible el reclamo sobre los combates que se desarrollan en la zona, nadie puede descalificar la acción del Ejército contra quienes la han convertido en productora de drogas ilícitas o las siembra de minas. Y si bien la Ley reconoce algunas prerrogativas a los grupos indígenas, ello no implica que haya creado territorios donde la Constitución no tenga vigencia o donde las autoridades legítimas no puedan actuar para garantizar su acatamiento y perseguir a los delincuentes. Otra cosa es que los agentes de la Ley deban responder por todos y cada uno de los actos que realicen en esos territorios. Siendo indiscutible esa responsabilidad, es necesario evitar las acusaciones sin fundamento o la propagación de versiones que en muchas ocasiones buscan desacreditar y crear un ambiente hostil contra la acción del Estado. La presencia de la Fuerza Pública en el norte del Cauca es una obligación constitucional y moral: la de devolverle la tranquilidad a los colombianos azotados por la violencia de las Farc.

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