Los cambios necesarios

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Los cambios necesarios

Enero 05, 2020 - 06:55 a. m. Por: Editorial .

Al empezar el 2020, Colombia sigue arrastrando problemas institucionales que necesitan atención si se quiere fortalecer la democracia y conseguir acercarse a las soluciones que demandan los ciudadanos. Para ello es necesario convocar de nuevo a quienes tienen la representación y dirección del Estado para propiciar la transformación que se requiere y fortalecer la legitimidad de las instituciones.

Tanto en las manifestaciones y protestas como en las encuestas que con frecuencia se publican, los colombianos han expresado su inconformidad con lo que está sucediendo. Si bien la protesta social se ha ido desgastando al ser utilizada por facciones políticas o movimientos sindicales casi todos de origen oficial, es incuestionable el clamor de los ciudadanos contra los males que afectan la actividad y eficacia del sistema democrático.

Está en primer lugar la actividad política y la forma en que se ha ido desvirtuando el principio de representación popular, la base de nuestra democracia. No es un secreto que los partidos políticos han sido relegados por las empresas electorales y su papel se ha limitado a entregar avales sin responder por quienes los reciben, y que el ejercicio del gobierno o de cargos en el Legislativo se realiza en muchas ocasiones de espaldas al constituyente primario.

El resultado es una gran insatisfacción, que se transforma en indiferencia de los ciudadanos cuando no en protestas. Mientras tanto, el sistema es hasta ahora incapaz de reformarse y de actuar con decisión para erradicar la corrupción y los vicios clientelistas que han llevado a entronizar el control casi absoluto de la politiquería y la imposibilidad de airear esa representación popular.

Y qué decir del sistema electoral, expuesto a las trampas, a la compra de votos y a los vicios que atentan contra la transparencia y la verdad. Ahí está la causa directa de las falencias que muestra una política en la cual se producen todo tipo de maniobras en cuyo control los partidos son convidados de piedra.

Como resultado, tampoco ha sido posible adoptar las reformas que requiere con urgencia la Justicia para atender las necesidades de la Nación. Por ello, la impunidad, la falta de soluciones a los colombianos que necesitan un pronunciamiento pronto de los jueces para defender sus derechos o resolver sus conflictos se suma al hecho deplorable de que su Corte Suprema parece incapaz de ponerse de acuerdo para elegir sus integrantes.

Y luego aparece el divorcio cada vez más notorio entre el centralismo y la provincia colombiana. Por increíble que parezca, nuestra Constitución de 1991 tiene un capítulo dedicado a armonizar los niveles del Estado que no ha sido posible desarrollar en veintiocho años, por lo cual crece el desequilibrio y municipios y departamentos son presas frecuentes del mal gobierno y la corrupción.

Son muchos más los temas que requieren atención. Para ello es necesario el acuerdo que ponga en marcha las transformaciones que atiendan las realidades nacionales, por encima de los intereses partidistas y personales que parecen atravesarse a los reclamos de nuestra Nación.

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