Los ajustes al Sisben

En ese orden de ideas, es necesario que, además de los esfuerzos por mejorar los ingresos oficiales, se explique al país cuáles serán las directrices del gasto público. Y cómo serán afectados los programas asistenciales y los subsidios que hasta ahora se entregan a las treinta y ocho millones de personas vinculadas al Sisbén.

Setenta billones de pesos, es decir, la tercera parte del presupuesto de gastos de la Nación para el 2017, valen los subsidios que mediante el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales reparte el Estado para ayudar a los colombianos de escasos recursos economicos. Qué se ha logrado desde la creación de ese sistema y qué se debe hacer en el futuro, debe ser materia de constante vigilancia para defenderlo de la amenaza que representan los intentos por defraudarlo.Conocido como el Sisbén, el mecanismo es el sistema de información diseñado por el Gobierno Nacional para identificar a las familias potenciales beneficiarias de programas sociales. En términos prácticos, es la plataforma mediante la cual se definen los subsidios en Colombia, sobre la base de las necesidades que tienen los colombianos incluidos en los programas establecidos desde hace veinte años para enfrentar la pobreza. Allí está la fortaleza como herramienta para disminuir la inequidad y ofrecer oportunidades a quienes no poseen ingresos o recursos que les permitan superar las limitaciones a los colombianos inscritos en el Sistema. Pero en el Sisbén están también los riesgos que hacen posible desviar esa ayuda, como lo ha demostrado la experiencia de las dos décadas de vigencia. De ahí que Planeación Nacional informe de 384.000 de esos afiliados que hacen trampa para recibir ayudas en educación, salud, vivienda, servicios públicos o subvención a desempleados, entre otros planes de apoyo, a la vez que anuncie medidas para cerrar la puerta a la corrupción, el clientelismo y las falsedades con los cuales se está abusando de los recursos públicos para favorecer a personas con suficiente capacidad para cubrir sus necesidades. En ese propósito, la posibilidad de detectar a tiempo las fallas, retirar del Sistema a los infractores e imponerles las sanciones que sean necesarias, es el camino adecuado para preservar la política social de las desviaciones que aumentan la desigualdad y perjudican a las familias que realmente necesitan del apoyo oficial.El otro aspecto es la capacidad del Estado para atender un programa sin duda ambicioso, ahora que se han reducido los ingresos públicos y se debió presentar una reforma tributaria para cerrar el déficit causado por el desequilibrio frente a los egresos. Hoy ya no existe la holgura que proporcionó la bonanza minera y petrolera de la última década, por lo cual debe llegarse a un nuevo equilibrio fiscal basado en realidades, para evitar las complicaciones que se vislumbran. En ese orden de ideas, es necesario que, además de los esfuerzos por mejorar los ingresos oficiales, se explique al país cuáles serán las directrices del gasto público. Y cómo serán afectados los programas asistenciales y los subsidios que hasta ahora se entregan a las treinta y ocho millones de personas vinculadas al Sisbén.Esa debe ser la manera de conocer cómo, además del pago de impuestos por la vía del incremento en el IVA, los colombianos de menores ingresos estarán contribuyendo al esfuerzo por estabilizar las finanzas públicas.