Lo que destapó una protesta

Nada puede explicar que la nómina de controladores no haya sido aumentada desde el año 2000 mientras el número de vuelos ha crecido un 61% en los últimos cinco años. Por eso, el acuerdo incluyó la creación a marchas forzadas de más de 150 cargos de controladores, un incremento del 30%, lo que explica la improvisación con que se ha manejado un asunto vital para la tranquilidad de millones de pasajeros.

El pasado domingo en horas de la noche y luego de semanas de perjuicios para los miles de pasajeros que padecieron las demoras o las cancelaciones de vuelos, el Gobierno Nacional y los controladores aéreos lograron un acuerdo que en apariencia terminó con las angustias en los aeropuertos. Sin embargo, quedó en el aire la duda sobre la situación real de la seguridad aeroportuaria y sobre la capacidad de la Aeronáutica Civil para darle orden a una actividad indispensable para el país. El paro, disfrazado de operación reglamento, fue la reiteración de una estrategia en la cual el usuario queda atrapado entre las pretensiones de los controladores y la resistencia de las autoridades a un movimiento que no pueden declarar como un paro porque, como su nombre lo indica, se trata de cumplir con rigidez los reglamentos de seguridad. Lo que lleva a preguntar de nuevo si es que esa seguridad se maneja con laxitud cuando no existen diferencias laborales como las que durante tres semanas tuvieron en el desespero a los usuarios del transporte aéreo.Lo primero que revela el acuerdo es una enorme brecha entre las cifras que se le pagaban a los controladores y el acuerdo logrado. Los aumentos acordados en sobresueldos, en algunos casos superiores al 80%, indican que existía una demora notoria en atender las peticiones de esos servidores públicos. Y llama la atención que se hable de sobresueldos y bonificaciones cuando, como quedó demostrado, se trata de pagos permanentes y no excepcionales, lo que constituye salario según la legislación.En segundo término, se hizo evidente la forma en que se ha venido aplazando la actualización de la seguridad en materia de transporte aéreo. Nada puede explicar que la nómina de controladores no haya sido aumentada desde el año 2000 mientras el número de vuelos ha crecido un 61% en los últimos cinco años. Por eso, el acuerdo incluyó la creación a marchas forzadas de más de 150 cargos de controladores, un incremento del 30%, lo que explica la improvisación con que se ha manejado un asunto vital para la tranquilidad de millones de pasajeros.Además, de nuevo se hizo notorio el rezago tecnológico y de equipos que tiene la Aerocivil para realizar su tarea. Son radares obsoletos o que no cumplen a cabalidad sus funciones, y otros que están archivados por no ser compatibles con la tecnología que se utiliza. Y mientras tanto, el crecimiento del número de vuelos, las decisiones a veces caprichosas de las aerolíneas y la necesidad de actualizar aeropuertos convierten en un dolor de cabeza cada vez más grande para los usuarios el viajar en avión. Así, una vez terminada la operación reglamento empieza la obligación del Gobierno de establecer una verdadera política aeroportuaria que responda al crecimiento del país. El que en Colombia no se presenten accidentes frecuentes no puede llevar a deducir que lo que existe es suficiente. O que lo único que hay que hacer es construir el aeropuerto de Bogotá y continuar con la política de concesiones para asegurar ingresos y eludir la responsabilidad de modernizar los terminales de ciudades como Cali.