Libertad a la brava

Desde el pasado martes, las puertas de las cárceles debieron ser abiertas para dejar en libertad entre siete mil y doce mil personas detenidas sin que se les hubiera resuelto su situación jurídica. Así, el servicio público más importante para la paz de un país recibe otro golpe demoledor en su credibilidad, y el Estado de Derecho una negativa como sistema para garantizar la tranquilidad de los colombianos.

La increíble situación no es culpa de los detenidos, ni obedece a argucias o leguleyadas. En este caso, se cumplió el plazo fijado por la ley 1786 de 2016 para que los jueces de conocimiento resolvieran en un año si iniciaban un juicio a los acusados retenidos en las cárceles o si los dejaban en libertad. Dicho plazo, fijado por el Legislador en el 2015 para evitar que se produjera una circunstancia similar a la actual, le hace justicia y reconoce los derechos de los detenidos que durante mucho tiempo no han tenido la oportunidad de saber la suerte que correrán.

Tan grave es la situación, que son varios los casos en los cuales hay personas con nueve años en las cárceles sin que se les haya resuelto su caso. Una aberrante situación que además de dejar mal parado al Estado, se puede interpretar como el desconocimiento de la ley, puesto que se ignora de plano el ordenamiento y los Derechos Humanos.

Saldrá entonces de las cárceles una cifra que puede equivaler al 10% de la población penitenciaria, lo que es sin duda un alivio para otra crisis no menos dramática, la sobrepoblación de los sitios de reclusión que tampoco parece tener solución próxima. Son males crónicos rechazados por los ciudadanos quienes ahora se sienten amenazados por lo que consideran el regreso de peligrosos delincuentes a las calles, luego de que las autoridades los capturaran.

Se diría que el problema es causado por los jueces que no cumplen con su deber. Sin embargo, hay que reconocer que no cuentan con los recursos para cumplir esa labor. Y la causa es explicable: según el Fiscal General de la Nación, el número de jueces penales en Colombia es casi el mismo de hace veinte años, mientras los casos a su consideración han crecido de forma exponencial y las autoridades son más efectivas en la persecución de los delincuentes.

Todo es pues un asunto de recursos para tener una justicia acorde con las realidades del país. Y el resultado de esa actitud de mirar a la Justicia como algo que puede esperar, o de vivir en un permanente contrapunteo con los sindicatos del ramo, se llama impunidad. Así, los delitos quedan sin sanción, las víctimas no pueden ser resarcidas, los acusados que son inocentes son tratados como criminales, porque el Estado es incapaz de ejercer la función pública más importante.

Por eso, desde ayer empezó la evacuación de las cárceles de ciudadanos que no pueden vivir detenidos a la espera de una resolución judicial que nunca llegará si no existe el compromiso de realizar la reforma que requiere el sistema penal. Y lo que es más urgente, si no toma las decisiones necesarias para que opere la justicia como debe ser en un país democrático.