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Legislar y controlar

Que la llegada del Coronavirus cambió de manera abrupta y dramática la vida de los seres humanos en todo el mundo, es algo indudable. La pregunta es qué se va a hacer para mantener en acción al Estado, para tener poderes independientes y actuantes.

2 de abril de 2020 Por: Editorial .

Que la llegada del Coronavirus cambió de manera abrupta y dramática la vida de los seres humanos en todo el mundo, es algo indudable. La pregunta es qué se va a hacer para mantener en acción al Estado, para tener poderes independientes y actuantes y así cumplir los propósitos de la democracia plasmados en nuestra constitución.

La inquietud anterior surge de la propuesta de realizar sesiones virtuales del Congreso de la República, es decir, no presenciales y a través de los elementos creados por el desarrollo tecnológico. En principio ese recurso, que se aplica desde hace varios años en las actividades privadas y en el mundo empresarial o particular y en algunas diligencias oficiales, parece aconsejable para evitar el vacío que se está produciendo al hacerse imposible reunir a los Legisladores para que cumplan su misión institucional.

Ya existe el decreto mediante el cual se autoriza el uso de la tecnología para que quienes representan la voluntad popular en el Congreso de la República ejerzan sus funciones a través de la internet. Pero, la verdad sea dicha, es difícil imaginar cómo se realizarían los debates que es la forma en que actúa esa rama del poder público y de qué manera se reemplazarían las exigencias y los requisitos que están en la Constitución y en las normas que reglamentan la actividad legislativa para que las decisiones que se adopten adquieran validez plena.

Lo anterior puede llevar a que se recurra al estado de emergencia que contempla la Carta magna, plenamente justificado por la realidad que estamos viviendo, para que se establezcan procedimientos especiales mediante decretos leyes expedidos por el Ejecutivo y revisados por la Corte Constitucional. Sin embargo, ese procedimiento puede estar rodeado de peligros y de dudas que generarán miles de demandas, además de despertar un debate sobre lo que tal actuación significa para la democracia colombiana, así sea en momentos excepcionales como el que se vive.

También es un hecho que la política ha tenido que hacer una tregua, pues tanto la atención nacional como la acción oficial están concentradas en contener la embestida del Covid-19, en la atención de la salud de los colombianos, en resolver los incontables problemas sociales que han surgido y en tratar de aliviar la dura realidad que emerge detrás del confinamiento y la parálisis de la economía. Y hasta ahora solo existen las declaraciones en los medios de comunicación, sin que se produzca el formal rendimiento de cuentas que establecen las leyes.

Lo evidente hasta ahora es que al paralizar el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales, se ha detenido también el control político sobre la actuación de quienes ejercen el gobierno. Ese es un vacío que si bien es explicable por la emergencia originada en una fuerza mayor que obliga a hacer excepciones, debe tener un remedio pronto.

En esas condiciones, sería importante pensar en suspender por ahora la creación en el Congreso de leyes y reformas, sin duda necesarias para el país. Y usar la tecnología para permitir el control político que le da aire a la democracia.

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