Las vías de hecho

Colombia ha decidido consagrar en su legislación el tratamiento especial y digno a las comunidades indígenas, a su cultura y sus territorios, como una demostración de respeto por la diversidad. Pero lo que está ocurriendo es ya una especie de extorsión, que sin ser el propósito de los dirigentes de la Comunidad Uwa, sólo beneficia a la guerrilla que en un acto terrorista dinamitó el oleoducto. Es decir, logra que Colombia suspenda la entrega de petróleos ya negociados con China y los Estados Unidos.

Más de doscientos millones de dólares que no ingresaron al tesoro público, el transporte del petróleo suspendido de manera indefinida y la incertidumbre sobre la posibilidad de entablar un diálogo que termine con un conflicto absurdo que lesiona el interés nacional. Ese es el resultado de la oposición de los Uwas a la reparación del oleoducto Cano Limón –Coveñas, el más importante del país. La restauración es necesaria por cuanto el oleoducto fue volado por las Farc, lo que hace aún más grave el hecho. Ahora, los voceros de la comunidad indígena dicen que no permitirán el ingreso de las comisiones encargadas de recuperar el oleoducto hasta tanto se les devuelva lo que consideran territorios ancestrales, se suspendan las actividades de búsqueda y explotación de hidrocarburos en regiones que ellos consideran de su propiedad, y sean indemnizadas por el “impacto ambiental, social y cultural” que han experimentado con el desarrollo petrolero en la zona ubicada en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander. Colombia ha decidido consagrar en su legislación el tratamiento especial y digno a las comunidades indígenas, a su cultura y sus territorios, como una demostración de respeto por la diversidad. Pero lo que está ocurriendo es ya una especie de extorsión, que sin ser el propósito de los dirigentes de la Comunidad Uwa, sólo beneficia a la guerrilla que en un acto terrorista dinamitó el oleoducto. Es decir, logra que Colombia suspenda la entrega de petróleos ya negociados con China y los Estados Unidos.Eso es inaceptable desde todo punto de vista. Si la comunidad Uwa considera que sus derechos han sido violados, como cualquier ciudadano debe recurrir a las instancias que sean necesarias para reclamar su restablecimiento, como ordena la Constitución Nacional. Lo que hacen desde hace más de un mes, es apelar a las vías de hecho, desafiando al Estado y pasando por encima del ordenamiento jurídico que de manera precisa les reconoce derechos especiales. Más aún, cuando se niegan a dialogar con el Gobierno o utilizan estrategias dilatorias para prolongar una situación que lesiona al resto de la Nación. Son 72.000 barriles diarios que han dejado de circular por el oleoducto en los últimos treinta días. Es decir, 2’520.000 barriles en 35 días, una cifra apreciable que no puede ser desconocida. Entendiendo las inquietudes de los miembros de la comunidad, también es momento para que recapaciten sobre la actitud que han adoptado, con la cual desafían el ordenamiento jurídico e impiden soluciones que atiendan el Bien Común. Tal bloque no puede prolongarse, porque equivaldría a aceptar que las vías de hecho pueden imponerse al Estado de Derecho. Igual parece suceder con algunos de los sectores que promueven el paro campesino. En ambos casos se está abusando de la protesta social, en detrimento de los intereses nacionales. Son hechos que reclaman firmeza de las autoridades para evitar que los actos de fuerza que defienden intereses particulares logren sus objetivos por encima de la legalidad. Son malos precedentes que no puede prosperar en Colombia.