Las tragedias anunciadas

Las tragedias anunciadas

Abril 23, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

La tragedia de Rosas era previsible. Por lo menos, esa es la conclusión a la cual han llegado entidades públicas e investigadores. La pregunta, además de cómo pudo ser posible que no se impidieran sus consecuencias, es la misma que surge cada que se produce una catástrofe que destruye vidas y deja desolación al saber que pudo evitarse.

Por supuesto, hechos como el derrumbe de una montaña sobre un barrio a orillas de la carretera Panamericana es imposible de evitar, incluso si existieron hechos como la deforestación y el que esté en una zona inestable conocida como la Falla de El Romeral. Lo que es innegable es que se pudo impedir la muerte de treinta y tres personas si se hubieran tomado las decisiones que debe asumir el Estado para proteger la vida de quienes vivían en riesgo.

Y en ello vuelve a aparecer la corrupción que se quedó con los recursos destinados a construir las viviendas a las cuales debían ser trasladadas las familias en peligro. Fue un contrato realizado por entidades del Gobierno Nacional que terminaron construyendo apenas el 20% de las obras, a pesar de haber entregado al contratista el 37% de su valor, desde el año 2015. Como es frecuente, nunca hubo el control que se requiere para proteger el uso de los recursos públicos y, más grave aún, evitar el desastre que conmueve a todos los colombianos.

Pero también es notorio el poco esfuerzo por aplicar las normas que le dan facultades a las alcaldías, gobernaciones e incluso a la Nación para obligar a los ciudadanos a trasladarse de los sitios que amenazan su integridad. Como ocurrió en Armero y ha pasado en muchos sitios calificados de alto riesgo y en peligro inminente, nuca existió la decisión necesaria para imponer el principio de autoridad en defensa de la vida de las que posteriormente son víctimas de las tragedias.

Es como si esas leyes sobre prevención de desastres se convirtieran en letra muerta, sujetas a la buena voluntad de quienes se asientan en zonas vulnerables. Por el contrario, en todas partes se permite la invasión de esas sectores con peligros evidentes, en una equivocada interpretación de la solidaridad que sin duda debe existir con las personas de escasos recursos. O el Estado se queda quieto cuando, como ocurrió en Rosas, esas comunidades alegan que no pueden trasladarse porque quedan lejos de sus sitios de trabajo.

La consecuencia es el drama que padecen los sobrevivientes, las víctimas, sus familias y las comunidades. Es la vida la que está en riesgo y ella debe ser protegida, así exista resistencia a cumplir leyes y decisiones creadas para preservar ese valor supremo.

Por ello, ahora vemos un desfile de funcionarios ofreciendo soluciones cuando ya todo está consumado, se anuncian investigaciones para encontrar a los responsables y se ofrecen soluciones de vivienda para los sobrevivientes que de nuevo están expuestas por cuenta de la corrupción y el incumplimiento. Pero por ninguna parte aparece la decisión de aplicar como corresponde las normas creadas para defender la vida y evitar las consecuencias de los desastres naturales. Hasta la próxima tragedia.

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