Las guerras del Cauca

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Las guerras del Cauca

Octubre 30, 2019 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

La masacre de cinco colombianos que pertenecen a las comunidades indígenas en el norte del Cauca debe ser condenada y sus autores encontrados y castigados con todo el peso de la ley. Pero también es la reiteración del desafío que las organizaciones de narcotráfico vestido con todas las denominaciones posibles están haciendo al Estado, a Colombia y a esas comunidades.

Ningún colombiano puede hoy ser indiferente a lo ocurrido en Tacueyó. Fue un crimen vil, producto de la furia que despertó entre sus autores la decisión de los guardas de las comunidades de detener a sus compinches. Cinco personas muertas y otro tanto heridas fue el saldo de una demencial determinación nacida de las intenciones de implantar su régimen del terror y apoderarse de los territorios indígenas para dedicarlos a los cultivos ilícitos, para asegurar el corredor que necesitan los narcotráficantes para producir y sacar sus cargamentos hacia el Pacífico.

Esa es la guerra que se ha venido denunciando en los últimos meses. Guerra contra los indígenas que empiezan a ser desplazados de sus territorios ancestrales si no se pliegan a las órdenes del crimen organizado. Guerra entre los mismos carteles de las drogas y sus esbirros por apoderarse de los cultivos de marihuana y coca en el Cauca. Guerra contra el Estado de Derecho para suplantar las autoridades legítimas e imponer la ley de los fusiles y la muerte.

Contra eso se debe actuar sin demora, manteniendo el respeto por los derechos humanos y la legalidad. Por ello debe ser respaldado el anuncio del presidente Iván Duque de crear una Fuerza de Tarea con dos mil quinientos efectivos del Ejército para enfrentar a los delincuentes, lo cual no puede ser interpretado como un desconocimiento de la autonomía indígena que reconoce la Constitución, esgrimida por algunos voceros de sus comunidades para descalificar o vetar la presencia de la Fuerza Pública en esos territorios.

En momentos en los cuales está demostrado que los guardas indígenas y sus dirigentes están en la mira de los delincuentes que pretenden apoderase de sus territorios y cometen masacres como la del pasado martes en Tacueyó, sería necio oponerse a la presencia del Ejército y la Policía y a su obligación de defender la vida y el orden constitucional en todo el territorio nacional. Peor sería aceptar los señalamientos que algunos voceros de las organizaciones indígenas están haciendo sobre la responsabilidad del gobierno en los crímenes que comete el narcotráfico en el Cauca, los cuales se ha tratado de disfrazar con falsas motivaciones políticas o ideológicas.

Ante las evidencias de lo que está ocurriendo en ese departamento, lo que debe existir es la unión de sus habitantes con las autoridades para desterrar a los criminales y acabar con el narcotráfico, los grandes causantes de la tragedia que allí se vive. Y antes que promover el rechazo a la Fuerza Pública y a los jueces y demás funcionarios que asumirán esa misión, se les debe exigir la transparencia, la efectividad y la decisión que se requieren para enfrentar una amenaza con la cual algunos pretenden contemporizar.

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