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Las elecciones de octubre

La obligación de las autoridades es perseguir a quienes desconocen las normas electorales, tratan de sacar ventaja, engañan al electorado y rompen el equilibrio que debe primar en este proceso democrático. Si no hay acciones contundentes para impedir durante los comicios de octubre la corrupción y el juego sucio, que incluyen acciones como la compra de votos y la trashumancia de electores, regiones como el Valle del Cauca repetirán la historia de tener administraciones corrompidas, que las han llevado a la debacle.

20 de enero de 2015 Por:

La obligación de las autoridades es perseguir a quienes desconocen las normas electorales, tratan de sacar ventaja, engañan al electorado y rompen el equilibrio que debe primar en este proceso democrático. Si no hay acciones contundentes para impedir durante los comicios de octubre la corrupción y el juego sucio, que incluyen acciones como la compra de votos y la trashumancia de electores, regiones como el Valle del Cauca repetirán la historia de tener administraciones corrompidas, que las han llevado a la debacle.

Por la importancia que tienen para los municipios y regiones, las elecciones del próximo mes de octubre deben realizarse con la mayor transparencia y bajo los controles a los que obliga el más importante proceso democrático de Colombia. Desde ya hay que garantizar su buen desarrollo.En los próximos comicios se definirá quiénes serán los encargados de manejar los destinos de las localidades y los departamentos del país, cómo se administrarán sus recursos públicos y cuáles serán los caminos a tomar para resolver los problemas que desvelan a sus ciudadanos. Lo que está en juego es de trascendencia y obliga a recurrir a los mecanismos que da la ley para evitar la repetición de los eventos de años anteriores en los cuales las elecciones regionales fueron presa del clientelismo y la corrupción, como lo sabe de sobra el Valle.Garantizar un proceso electoral transparente es aún más determinante si se suma la posibilidad de que al mismo tiempo se realice el referendo o una consulta popular que ratifique los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc en los diálogos de La Habana. Si se logra la firma de los compromisos entre las partes antes del 25 de octubre de este año, las elecciones regionales se convertirán en los comicios por la paz y se incluirá otro elemento político de peso durante la campaña, primero para convencer a los electores de votar y que además lo hagan para ratificar el acuerdo.El problema es que ya hay indicios de que las elecciones de este año en las que se escogerán alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas departamentales, y probablemente se haga la consulta por la paz, no se librarán de los vicios consabidos de la politiquería. Así lo demuestra la publicidad extemporánea a la que han recurrido decenas de aspirantes, quienes de forma velada y burlando la Ley que establece unos tiempos precisos que entre otras razones permiten ejercer un control sobre el tope en los gastos, empezaron a hacer campaña de forma anticipada. Lanzamientos de libros, mensajes de Navidad, avisos en taxis, vallas y pancartas son ya el pan de cada día en los municipios y las regiones.La obligación de las autoridades es perseguir a quienes desconocen las normas electorales, tratan de sacar ventaja, engañan al electorado y rompen el equilibrio que debe primar en este proceso democrático. Si no hay acciones contundentes para impedir durante los comicios de octubre la corrupción y el juego sucio, que incluyen acciones como la compra de votos y la trashumancia de electores, regiones como el Valle del Cauca repetirán la historia de tener administraciones corrompidas, que las han llevado a la debacle.El sentido y la importancia que tienen las elecciones del próximo 25 de octubre para los departamentos y municipios y para el futuro mismo de Colombia, demandan que se les dedique el cuidado para evitar los fraudes y erradicar los vicios del pasado. El objetivo debe ser mantener los ojos vigilantes, y hacer cumplir las normas electorales vigentes para garantizar la transparencia y la credibilidad del proceso electoral.

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