Las dudas sobre Escazú

Para cuidar el medio ambiente no basta con tener buenas intenciones ni depende de si se hace parte de acuerdos internacionales. Si bien los esfuerzos en común son importantes y pueden generar mejores beneficios, lo que se necesita es que las acciones se cumplan, las políticas públicas funcionen y asuman su papel como defensores de su calidad de vida.

El hundimiento en el Congreso de la República del proyecto de ley que ratificaba la firma del Acuerdo de Escazú ha generado la natural polémica. Si bien el Gobierno Nacional lo presentó con mensaje de urgencia al comienzo de la Legislatura, el trámite en el Legislativo se hundió. En consecuencia, el país continúa fuera del pacto latinoamericano que tiene como finalidad garantizar derechos como el acceso a la información ambiental, a la participación pública en la toma de decisiones que tengan que ver con el medio ambiente y a la Justicia, así como hace énfasis en la protección de los derechos humanos de los defensores ecológicos.

El Acuerdo nació para darle cumplimiento a los objetivos planteados en la Cumbre de Río de 1992 y a la Declaración que se firmó 20 años después en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la misma ciudad brasileña, y cobró mayor importancia en la medida en que el continente se convirtió en el epicentro de los crímenes contra los defensores ambientales. Tras varios años de discusión y ajustes, 24 países de América Latina y el Caribe, incluido Colombia, lo suscribieron en noviembre de 2018 y entró en vigencia este año cuando se completaron los 12 países en ratificar su firma.

Las críticas por el hundimiento de la ley en el Congreso han generado polémica. Sus defensores afirman que el Estado colombiano no tiene interés en proteger a lo líderes ambientales, mientras aseveran que existen intereses particulares para que no salga adelante. Por otra parte están quienes aseguran que el país no necesita hacer parte del Acuerdo porque la legislación nacional es amplia en ese sentido y muestran su temor porque entre otros aspectos puede significar intrusiones en la autonomía nacional por las instancias que crea, provocar limitantes para la inversión internacional, además de estar influido por ideologías políticas.

Lo que se debe analizar ahora es si Colombia está en la obligación de ratificar el Acuerdo solo porque la mitad de los países ya lo hicieron, o cuáles son las razones para que naciones como Costa Rica o Chile, gestoras del mismo, aún tengan dudas sobre su ingreso de lleno al pacto.
También si teniendo ejemplos como el de la Corte Penal Internacional, donde las grandes potencias no están porque no existen garantías suficientes de que sus intereses sean defendidos, o el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha fallado en contra de Colombia dejando serias dudas sobre su proceder y pasando por encima de la legislación nacional, es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú.

En todo caso, el Congreso de la República, en su leal entender y saber, es el escenario para discutir esos aspectos, y tiene que tomar las decisiones que crea convenientes en función de los intereses de la Nación, y de todos los colombianos.