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Las dos Colombias

Mayo 06, 2018 - 06:55 a. m. Por: Editorial .

La una maneja un país diverso y complejo desde el centro, tratando de acertar o manipulando las decisiones para satisfacer las necesidades de la Nación, sin tomar las determinaciones que profundicen la descentralización administrativa que ordena la Constitución. La otra se mantiene de los escasos recursos que manejan unos gobiernos en sus municipios y departamentos, en su mayor parte capturados por el clientelismo que da paso a la ineficiencia y el despilfarro.

Son las dos Colombias que conviven para administrar los asuntos públicos. En la del centralismo se trata de concentrar cada vez más el poder de decisión y la capacidad de definir hasta el más pequeño asunto en la administración, argumentando el innegable efecto de la corrupción y la falta de capacidad técnica en las regiones para resolver el destino de los recursos públicos.

En la de las regiones y localidades se vive en la escasez crónica que se refleja en vacíos de autoridad, impotencia o incapacidad para afrontar los problemas del ciudadano y las amenazas que ocasionan esos vacíos.
Con muy pocas excepciones, los municipios y departamentos generan los recursos suficientes para cumplir el papel que les corresponde en la administración y el gobierno de las instituciones que deberían estar más cerca del colombiano.

En medio de ese divorcio existe la Constitución de 1991 que nunca fue desarrollada para armonizar todos los niveles de la administración nacional, generando vacíos inexplicables. E infinidad de normas con las cuales se ha mantenido un equilibrio por la vía de situados fiscales, participaciones en los presupuestos nacionales y repartos del poder y del control que han demostrado su ineficacia.

El denominador común son la debilidad del Estado, la amenaza de la corrupción y la ineficiencia a todos los niveles. Aunque se ha pretendido mostrar la elección popular de alcaldes y gobernadores como la gran conquista de la descentralización administrativa, la verdad es que la falta de controles eficaces y el no precisar responsabilidades claras ha llevado a que muchos de ellos terminen en la cárcel tiempo después de haber cometido peculados y todos los delitos posibles contra la administración pública.

A esa realidad aporta ante todo la desconfianza y la manera en que se reparten las cuotas de poder en aras de mantener una gobernabilidad que cada vez muestra mayores debilidades, las cuales se tratan de resolver aumentando el centralismo. Es la política que se ha fragmentado, desviando su función como controladora de la actividad oficial y correa de transmisión entre el ciudadano y el Estado hacia la satisfacción de sus intereses particulares.

Esa es la crisis que padece el Estado colombiano y que debería estar en el centro del debate para elegir el próximo jefe del Gobierno. En un país caracterizado por el presidencialismo, está claro que los graves problemas de violencia y el desequilibrio que padecen las regiones son ocasionados por la falta de interés en desatar los nudos que impiden a las instituciones cumplir con su misión de administrar el patrimonio nacional y ser los garantes de la paz y el gobierno en toda la Nación.

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