Las cuentas claras

Luego de las turbulencias producidas por la decisión de cancelar la venta de Cafesalud que dio origen a Medimás, las aguas parecen volver a su cauce. Sin embargo, la situación de esa y varias otras Empresas Prestadoras de Salud sigue siendo difícil y reclama claridad sobre su capacidad para atender a sus usuarios.

Debe reconocerse que lo que se produjo fue un acto mediante el cual la gerente liquidadora de Cafesalud, entidad a su vez heredera del desastre dejado por Saludcoop que parece ser una novela sin final, dio por terminado el negocio ante el incumplimiento de los compradores. Eso implica que Medimás seguirá existiendo y atendiendo a sus más de cuatro millones de afiliados bajo la vigilancia de la Superintendencia de Salud y aunque sea en las precarias y polémicas condiciones en las que lo ha venido haciendo.

Pero también debe reconocerse que aún no se sabe cuáles serán los correctivos que se aplicarán en este caso para despejar la innegable incertidumbre que existe alrededor de la cuestionada EPS. Más preocupante aún, no se tiene certeza sobre las acusaciones acerca de integraciones ilegales que practican los socios de Medimás o sobre el aprovechamiento en apariencia ilegal de los recursos públicos a los cuales tienen acceso para prestar el servicio que les autoriza la ley.

Lo que se pide es transparencia para evitar que se repita la cadena de abusos y desaciertos que llevó a intervenir y liquidar a Saludcoop, que culminó en la incertidumbre de Cafesalud y la venta ampliamente cuestionada a Medimás. Una cadena de errores o desaciertos que antes que solución definitiva parece ser una manera de dilatar las decisiones que aseguren el servicio público que se le ofrece a los usuarios de la que sigue siendo la EPS con el mayor número de afiliados en Colombia.
Todo ello lleva a preguntar también sobre el estado real de la salud en nuestro país. En el papel, el servicio tiene una cobertura superior al 90 % de la población y ya sea por ministerio de la ley o debido a decisiones judiciales, abarca un amplísimo espectro de enfermedades y prestaciones que lo ponen a la vanguardia en el mundo.

Pero en la práctica, y a juzgar por las quejas de los usuarios y de las prestadoras, la situación es muy distinta. Haciendo un apretado resumen, puede decirse que se arrastra una crisis hace muchos años, existe un déficit que llega a los once billones de pesos y crece a diario, causado en gran parte por la falta de claridad en las cuentas y el incumplimiento del Estado en sus pagos, y que son varias las EPS en situación extrema.

Esa crisis no puede desconocerse ni se debe prolongar. Por ello, el Gobierno Nacional debe aprovechar que está en sus inicios para hacer un corte de cuentas y plantear las soluciones de fondo que requiere la salud, servicio que recibe más de cuarenta billones de pesos por año.
Veinticinco años después de aprobada la ley 100 que estableció el sistema actual, ya es tiempo de hacer un balance y de tomar los correctivos que se requieren para evitar lo que puede convertirse en un grave problema si no se actúa con decisión y franqueza para solucionar la crisis de la salud.