Las buenas intenciones

Las buenas intenciones

Junio 21, 2018 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Con la aprobación en las plenarias de Cámara y Senado pasó a sanción presidencial la ley que facilitará la desmovilización así como el sometimiento a la Justicia de organizaciones criminales y delictivas que operan en Colombia. Lo que sigue es saber quiénes se acogerán y si esta legislación especial tendrá un impacto real en la disminución de los negocios ilícitos y la violencia que han generado en el país.

El proyecto presentado por el Gobierno Nacional y tramitado por el Congreso en tres meses fue la respuesta a las intenciones manifestadas el año pasado por los cabecillas del Clan del Golfo de negociar su entrega y ponerle fin a sus actividades criminales. Fue la única opción que les quedó luego de los golpes propinados por las autoridades a sus estructuras delictivas.

Por eso la nueva ley parece hecha a su medida, aunque también abre las puertas para que otras bandas criminales dedicadas al narcotráfico o a diferentes actividades ilegales, se acojan a ella. La pregunta es qué tan efectivo es hacer legislaciones especiales, que brinden tratamientos preferenciales a quienes no son más que criminales comunes.

Según la norma aprobada se deberán fortalecer los procesos de investigación y judicialización contra esas estructuras ilegales, que ahora se llamarán Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados. Para ello la Fiscalía, la Fuerza Pública y los jueces deberán actuar bajo parámetros diferenciales y acogerse a los procedimientos que determinó la ley.

Incluso el Inpec, esa entidad conocida por su proverbial ineptitud para cumplir con su misión, deberá contar con un programa de resocialización especial cuando se trate de los integrantes de los grupos ilícitos que se sometan a la Justicia, para que se garantice su reintegro social y económico una vez cumplan las penas impuestas.

Las bandas criminales que manifiesten su intención de acogerse a esta ley deberán hacerlo de manera colectiva, con información detallada de cada uno de sus integrantes y de los delitos cometidos como grupo e individualmente. También tendrán que especificar los bienes producto de sus fechorías, en dónde están y quiénes son sus víctimas, a las que resarcirán. Y deberán devolver a los menores de edad que tienen en sus filas, lo que por sí solo es un delito de guerra y de lesa humanidad.

Mientras se adelantan los acercamientos se ubicarán en zonas establecidas, se suspenderán las órdenes de captura en su contra y recibirán como beneficio rebajas hasta del 50% de las penas que se les impongan, aunque su sometimiento no impedirá la extradición de sus integrantes. En términos generales eso fue lo que se aprobó a horas de clausurar las sesiones ordinarias del Congreso, a la carrera y a pupitrazo limpio.

En el fondo lo que se hizo fue tranzar de nuevo la ley para favorecer a delincuentes comunes, que está llena de buenas intenciones aunque ello no garantice que se acabará con el narcotráfico, la minería ilegal o la violencia que han propagado grupos del crimen por el país. El balón pasará a manos del nuevo gobierno, que será el encargado de reglamentar la excepción y aplicar lo que no tuvo el debate amplio y público que requería ante la dimensión de las concesiones que se entregaron.

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