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La voz de los jueces

Agosto 04, 2020 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, la nueva Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Ahora le corresponde responder por una actuación a la cual no se le puede negar su incidencia en la política.

La decisión contra el expresidente Uribe se toma en medio de un proceso iniciado hace dos años por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal. Todo indica que los cinco magistrados que la tomaron consideran de especial peligrosidad al exmandatario, o temen que él pueda interferir en el desarrollo del proceso y en las pruebas que se están recopilando.

La orden de detención es susceptible de los recursos jurídicos que la ley le otorga al doctor Uribe para defenderse de las imputaciones que se originan en un proceso contra el senador Iván Cepeda del partido Polo Democrático, y se relaciona en forma directa con causas iniciadas hace más de veinte años contra quien fuera también gobernador de Antioquia. Quiere ello decir que, distinto a lo que sucede en todos los países democráticos y respetuosos de la ley, nuestra Justicia no ha resuelto la situación jurídica de un colombiano, a pesar de contar con dos decenios para recaudar las pruebas, acusarlo y juzgarlo, o absolverlo.

Ya el Senador Uribe ha expresado su acatamiento a la providencia que le fue informada, aunque no ha sido aún notificado. En adelante se deben esperar los recursos que la ley le otorga, empezando por la presunción de inocencia y el derecho a ejercer su defensa en un ambiente neutral y apegado al derecho antes que a las ideologías y prejuicios.

Es imposible desconocer el carácter del acusado como uno de los líderes más importantes de la política nacional, y protagonista principal del acontecer del país. De ahí la trascendencia de que la Corte asuma la responsabilidad de conducir el proceso con apego a las normas y con la transparencia que se requiere para evitar daños mayores a la credibilidad de la Justicia, de por sí afectada por las dudas sobre algunas de sus actuaciones.

De otra parte, los presidentes de las Altas Cortes de Colombia se pronunciaron sobre la supuesta presión a los magistrados que definieron la situación del expresidente Uribe. Hay sin duda una abierta actuación de los partidos tanto de la izquierda como de los partidarios de las tesis del doctor Uribe, inevitables en la medida en que esa es su actividad y él es figura relevante de la política nacional.

Por ello no puede decirse que son presiones indebidas contra los jueces, como lo da entender el citado pronunciamiento. Por el contrario, es esencia de la democracia defender e incentivar la expresión de los puntos de vista de la opinión pública y de los protagonistas del quehacer nacional.

Esos magistrados deben saber que quienes tienen a su cargo el proceso tantas veces citado deben fallar en derecho y sin parcialidades políticas, basados en pruebas incontrovertibles y testigos honorables. Y deben reconocer que no es callando la libre expresión como se hace respetar la ley en Colombia.

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