La violencia endémica

Cifras de muertes muestran la falta de acciones del Estado

A pedido del Alcalde de Cali, hoy se realizará un consejo de seguridad para analizar de nuevo las cifras sobre homicidios en la ciudad. Y aunque es válida su preocupación, que lo llevó a declarar la alerta naranja, antes que repetir el debate sobre las estadísticas de muerte, éstas deberían llevar a reflexionar sobre las causas que han creado una violencia endémica en la capital vallecaucana.El viernes pasado, y basado en el incremento del 3% en los homicidios durante junio, el alcalde Jorge Iván Ospina hizo una convocatoria pública al Ministerio del Interior y la Justicia, al Fiscal General de la Nación, a los comandantes de la Policía Nacional y el Ejército y al director del DAS para que se hagan presentes en ese consejo. Al manifestar que no toleraba un muerto más en Cali, calificó como crucial el momento para que puedan ‘migrar’ recursos de la Seguridad Democrática de la Nación a nuestra ciudad. Propuesta inobjetable que, sin embargo, no alcanza a cubrir el otro componente necesario para lograr una comunidad segura y respetuosa de la convivencia.Sin duda, las estadísticas de homicidios muestran el resultado de la falta de acciones del Estado central para atacar en su raíz la violencia que ellas reflejan. Dentro de ello pesa una Justicia que tiene 88.000 procesos penales pendientes por resolver, de reciente ocurrencia. Una Justicia huérfana, que debe despachar en sitios improvisados, porque su sede fue destruida por un atentado terrorista hace dos años, sin que se salga aún de las declaraciones sobre la construcción de un nuevo Palacio. Y un servicio público que todavía está pendiente de llenar 40 plazas de fiscales, con lo cual se podría lograr mayor efectividad contra el crimen y se evitaría el carrusel de delincuentes detenidos en flagrancia y que deben ser liberados para evitar violarles el debido proceso.Todo eso es innegable. Pero también hay que preguntar por qué, siendo la inseguridad uno de los más graves problemas de Cali, su Administración Municipal sólo entrega $15.000 millones al año, mientras Medellín aporta $48.000 millones y Bogotá $145.000 millones en el 2010. Y si acaso es justo desconocer los esfuerzos de la Policía, que envía recursos excepcionales a la ciudad, representados en equipos y pie de fuerza, mientras el gobierno del alcalde Ospina prefiere gastar $22.000 millones anuales en mantener un cuerpo de Guardas Cívicos cuya utilidad ha sido discutida con razones de peso.Pero el problema subsistirá en tanto en las esferas locales se insista en reducir el asunto a un problema de fuerza y represión referido a la Policía Metropolitana o al Ejército, cuando los síntomas indican que se debe hacer un esfuerzo de otro orden. Un esfuerzo que cambie la cultura de la muerte que ronda a los habitantes de Cali y destruye la convivencia y que rompa la violencia endémica que insensibiliza a la sociedad y le impide reaccionar contra el crimen que la amenaza. Es la manera de dejar de echar mano de esa estadística de muerte que tanto preocupa al Alcalde y tanto temor produce en los caleños para tomar la decisión que corresponde en primer lugar a la ciudad.