La violencia en el Cauca

El recrudecimiento de la violencia en el norte del Cauca es el resultado de la permisividad mostrada por el gobierno del presidente Gustavo Petro a las disidencias de las Farc, aferrado a la esperanza de sacar adelante la llamada paz total con una organización que jamás mostró una intención real de negociar.

Por el contrario, la crueldad que hoy padece la población civil de los municipios más afectados por la presencia de estos grupos armados, es gracias a la capacidad de daño y el poder bélico que acumularon durante esta tregua los hombres de ‘Iván Mordisco’, quienes supieron sacar provecho de rentas criminales como el narcotráfico y la minería ilegal para fortalecerse.

Lo preocupante es que dos años después de este fallido esfuerzo de paz, y cuando el Gobierno Nacional quiere dar una lección tardía de autoridad, son los niños y campesinos de las poblaciones más afectadas quienes están pagando con su integridad y su tranquilidad las consecuencias de las polémicas decisiones.

No puede caer en saco roto lo revelado en entrevista con El País por el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, quien aseguró que los guerrilleros están obligando a los campesinos a sacar a las tropas del Ejército del corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca) y que quienes se nieguen a esa orden, deben pagarles a los hombres de ‘Iván Mordisco’ una multa de $15 millones y, si no cancelan el dinero, son amenazados de muerte.

Igualmente, desconociendo todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, las disidencias de las Farc habrían ejecutado en los últimos días a ocho menores de edad que fueron reclutados por esa organización y luego fusilados tras un intento fallido de fuga.

Menores entre los 9 y los 16 años de edad que en su gran mayoría fueron llevados con engaños, con la promesa de pagarles unos salarios que jamás recibieron, regalándoles teléfonos celulares y motocicletas, o sencillamente arrebatados de las escuelas rurales en municipios como Caloto, Cauca, según ha denunciado la comunidad.

Está sobrediagnosticado que las disidencias no están dispuestas a acogerse a un proceso de paz que implique el abandono de rutas del narcotráfico y la renuncia a los millonarios recursos que les generan a diario las actividades ilegales como la explotación ilegal de oro.

De ahí la importancia de que el gobierno del presidente Gustavo Petro ordenara la retoma militar y el bombardeo a campamentos de las disidencias en sectores como el Cañón del Micay ante el incumplimiento y la falta de voluntad de paz mostrados por las estructuras al mando de ‘Iván Mordisco’.

Pero más importante aún es garantizar la protección a la población civil atrapada en medio del fuego. La paz por la fuerza no es el camino para preservar el orden institucional. Un orden que debe privilegiar la protección de los recursos naturales y de la población civil como paso fundamental en el avance hacia la esquiva paz en Colombia.