La verdadera emergencia

"... la solución al drama de las cárceles, del cual el hacinamiento es el más notorio pero no el único, han recibido apenas una especie de paño de agua tibia con la declaración de urgencia del Inpec. Y el país sigue improvisando, de espaldas a una realidad que reclama a gritos respuestas urgentes: es que no hay una política en materia penal y penitenciaria".

Frente al enorme drama que viven los 117.000 detenidos en las cárceles del país, el Gobierno Nacional autorizó al Director del Instituto Nacional Penitenciario a decretar la emergencia carcelaria. Lo cual significará que si bien el Inpec echa mano a un instrumento que le ayudará a reducir en algo la crisis, la solución definitiva está aún muy lejos. Según la legislación vigente, la emergencia carcelaria es un mecanismo que le permite al Instituto y a la Unidad de Servicios Penitenciarios, USP, destinar recursos para la atención de amenazas a la seguridad y a la salud de los internos. Precisamente esos son los riesgos más importantes del momento, por lo cual parece un recurso apropiado, por ahora, para construir 10.000 nuevos cupos en colonias penitenciarias, labor que cumplirán ingenieros militares, según se ha anunciado. Pero con ello no se resolverán los problemas de fondo, ya que faltan 8.000 guardas para controlar las 186 cárceles que existen en Colombia, el hacinamiento supera el 50% en todo el país y en algunas cárceles llega hasta el 400%, cifras que de por sí solas demuestran el tamaño del problema. Que se traduce en 70 demandas contra el Estado sobre violación de Derechos Humanos a personas que están detenidas, y en situaciones tan absurdas como la manera infrahumana en que subsisten los presos en la cárcel de Villahermosa de Cali.El Defensor del Pueblo ha pedido que el Gobierno Nacional tome una decisión de fondo y decrete la Emergencia Social que le autoriza la Constitución, para resolver de fondo asuntos como el aumento en el número de jueces de ejecución de penas que resuelvan las solicitudes de libertad represadas, modificar el sistema penal para contribuir a la descongestión y contratar de manera más expedita la construcción de nuevas cárceles. Propuesta bien intencionada que sin embargo se enfrenta a las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional según las cuales las emergencias que consagra la Constitución no pueden ser usadas para resolver problemas estructurales. Es decir, la solución al drama de las cárceles, del cual el hacinamiento es el más notorio pero no el único, han recibido apenas una especie de paño de agua tibia con la declaración de urgencia del Inpec. Y el país sigue improvisando, de espaldas a una realidad que reclama a gritos respuestas urgentes: es que no hay una política en materia penal y penitenciaria. Por ello, la efectividad que las autoridades han alcanzado en el combate al delito se está estrellando contra una institucionalidad incapaz de atender la demanda que surge de ese combate. Así las cosas, los colombianos debemos confiar en que la Emergencia decretada el pasado martes sea útil para morigerar en algo la tragedia que se vive en las cárceles. Pero también debemos recordarle al Estado que está en mora de asumir como corresponde la obligación de crear un sistema en el cual la justicia prime, los derechos humanos se respeten y los sitios de reclusión sean verdaderos centros de rehabilitación y no los centros de miseria que hoy sufren los miles de compatriotas que padecen el abandono de las cárceles.