La última súplica

La Justicia y sus problemas es una de las grandes preocupaciones de los colombianos. Por ello, quienes tienen la facultad de dirigirla están obligados a responder con hechos para despejar las dudas sobre lo que está ocurriendo en su interior.

La causa de esa preocupación hoy es la manera en que se ha ido disolviendo la Corte Suprema de Justicia, la incapacidad de sus miembros para ponerse de acuerdo y para cumplir el deber de elegir a sus integrantes. Algo que podría ser sencillo, como fijar un procedimiento expedito y llenar las vacantes de los magistrados que por una u otra razón han dejado libres sus cargos, se ha transformado en lo que puede calificarse en una amenaza grave para la institucionalidad.

En efecto, es bien sabida la dificultad para llenar esas vacantes, razón por la cual en menos de un mes quedarán sólo quince magistrados titulares. Quiere ello decir que no habrá el cuórum necesario para elegir esos nuevos magistrados y no será posible encontrar un mecanismo legal para cumplir esa y otras taras como la elección del Fiscal General de la Nación. Es decir, tanto la cooptación restablecida por la Constitución de 1991 para asegurar la independencia del poder Judicial como las atribuciones para que los jueces participen en la designación de funcionarios indispensables para la aplicación de justicia, están al borde de una crisis sin solución.

La razón por ahora es que se necesita el voto unánime de los dieciséis magistrados que aún subsisten, pues ese es el cuórum decisorio. Y no hay manera de cambiarlo por ahora ya que se requiere de una ley que lo modifique, lo cual demanda un proceso largo en el Congreso. Además, está claro que no puede declararse una emergencia de las consagradas en la Constitución para que el Ejecutivo cumpla esa función pues no hay un hecho sobreviniente que la produzca.

Salvo, claro está, que los magistrados no puedan cumplir con su función, a la vez un deber fijado por la Carta como parte de sus funciones, y que el Presidente de la República interprete ese hecho como una situación excepcional e imprevista que obliga a su actuación inmediata. Lo cual puede descartarse, pues lo que está sucediendo empezó hace ya varios meses y ha sido advertido con suficiente antelación.

¿Qué queda entonces? Apelar al sentido patriótico y al compromiso de los dieciséis magistrados en funciones para superar las diferencias que se han atravesado, y pedirles que por lo menos cumplan con su deber de llenar las vacantes de la Corte Suprema para impedir que se produzca lo que todos los colombianos estamos temiendo, un vacío institucional con consecuencias imprevisibles para la recta y cumplida justicia que necesitan los colombianos.

Después habrá tiempo y existirá la obligación de reformar lo que ya demostró ser un fracaso en la dirección del Estado, el haber puesto a los jueces a participar en elecciones. Por lo pronto, queda como recurso el apelar al sentido común y a la buena voluntad de lo que queda de la Sala Plena de la Corte Constitucional para que no dejen a Colombia sin su máximo tribunal de Justicia.