La última ronda del año

El país está dispuesto a hacer concesiones pero no a otorgar impunidad sin límites, como pretenden quienes hicieron del terror y el crimen una profesión. Pese a ello el apoyo continúa, confiando en la sensatez del Gobierno en las negociaciones y en que se dé claridad sobre la forma como avanzan las conversaciones.

El martes próximo concluirá la última ronda del 2014 de los diálogos por la Paz que adelantan el gobierno y las Farc en La Habana. Una nueva reunión que estuvo precedida por la suspensión temporal del proceso, la polémica por los delitos que se declararían conexos al político y los trinos sobre supuestas exigencias de la guerrilla para sentarse de nuevo a la mesa.Todo ello hizo aún más espinoso el camino de una negociación que entrará en su tercer año de conversaciones, a la cual el país en su mayoría apoya pero que sigue causando incertidumbre por las posiciones airadas de los representantes del grupo guerrillero y la excesiva prudencia del Gobierno Nacional.Quedó claro que el impasse producido por el secuestro del general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes fue superado, y que ahora la discusión pasa al plano de las concesiones jurídicas, otro hueso difícil de roer pero necesario para avanzar en el proceso de conversaciones. Al parecer ya no solo se trata del narcotráfico, que según lo anunció el presidente Juan Manuela Santos hace algunas semanas sería el único crimen que se declararía conexo a delitos políticos como el de la rebelión o el del alzamiento en armas.Todo indica que las Farc van por más, como se deduce de la lectura de un reciente comunicado público. Según lo que plantean en él, la “amplia gama” de conductas irregulares en las que incurrieron en lo que llaman su “lucha por el pueblo”, debe tener el reconocimiento de conexidad con los delitos políticos típicos. Su aspiración es que el secuestro, el terrorismo o masacres como la de Bojayá, todos ellos crímenes de lesa humanidad, sean calificados como conexos. Por supuesto, la reacción no se ha hecho esperar.Es en esas pretensiones desbordadas en las que el proceso de La Habana se tropieza con los anhelos de los colombianos para que esta oportunidad para la Paz sí llegue a buen puerto. El país está dispuesto a hacer concesiones pero no a otorgar impunidad sin límites, como pretenden quienes hicieron del terror y el crimen una profesión. Pese a ello el apoyo continúa, confiando en la sensatez del Gobierno en las negociaciones y en que se dé claridad sobre la forma como avanzan las conversaciones. Como lo hizo Humberto de la Calle al desmentir que se hubiesen hecho compromisos con las Farc para reanudar los diálogos. Así le responde al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez quien hizo las acusaciones en varios trinos.La ronda con la que se concluirán las negociaciones por este año tendrá como colofón el último viaje a Cuba de representantes de las víctimas. Entre ellas estarían un empresario caleño secuestrado por las Farc y un comunicadora plagiada por el ELN en la iglesia La María de Pance. También irían la exsenadora Piedad Córdoba y el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria, hermano del exgobernador asesinado por la guerrilla.Así concluye el segundo año del diálogo entre el gobierno y las Farc, en medio de altibajos pero con la voluntad de las partes de continuar. Ahora el anhelo de Colombia es que ese camino llegue a la meta final y se pueda hablar en serio del fin del conflicto armado.