La trampa sigue

Aunque se han tomado medidas para tratar de contener el absurdo trasteo de votos en las elecciones del próximo 27 de octubre, sigue creciendo la preocupación sobre lo que esa práctica significa para la democracia colombiana. Es la reiteración de una costumbre perversa que empieza con la compra del voto y termina en el fraude que desconoce la decisión de los ciudadanos y le entrega el poder a las empresas ilegales que se quedan con los presupuestos públicos y el gobierno.

Al cruzar los datos de la Misión de Observación Electoral y los censos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, es posible deducir que cerca del 30% de los resultados en todo el país ya estén alterados por la inscripción de cédulas. En el caso del Valle, existen seis ejemplos que desconciertan: de acuerdo con el censo, Riofrío tiene 13.807 habitantes entre ciudadanos con capacidad de votar y menores de edad. Pero su censo electoral dice que hay 15.760 cédulas en el patrón electoral, es decir, 1953 cédulas más que habitantes. En La Cumbre, las cifras alcanzan 13.171 cédulas frente a 11.371 habitantes, es decir 1440 más votantes que personas.

En El Dovio, las cédulas son 9850 mientras sus habitantes llegan a 8020; en Versalles, hay 7915 cédulas mientras la población total es de 6823; en La Victoria pueden votar 8324 cédulas pero la población apenas alcanza los 8020 habitantes. Y Andalucía tiene 17.713 habitantes frente a 19.546 inscripciones. Todo ello es un verdadero despropósito donde las inscripciones superan en más del 15% en promedio a quienes viven en esos municipios y deberían ser quienes elijan sus alcaldes, concejales, diputados y el gobernador del departamento.

Allí está la prueba incontrastable de la manera en que la profesionalización, o mejor, la comercialización de la política volverá a falsear los resultados, eligiendo en muchos casos a personas sin motivación distinta a hacer negocios particulares con los dineros que pertenecen a esas comunidades. Y mientras tanto, el Estado actúa con apego a los procedimientos de los códigos electorales, lo cual conduce a la impunidad, al saqueo y al envilecimiento de la democracia, de la política y de los principios que deben regir la sociedad.

Sin duda el tema ha sido tratado en múltiples oportunidades. Es un sistema basado en el derecho a elegir que consagra la Constitución, enfrentado a las trampas y los delitos cometidos por quienes han encontrado en esa práctica la manera de enriquecerse. Y de usar las administraciones municipales y departamentales para beneficiar la corrupción, para torcer la ley y ponerla al servicio de intereses criminales como el narcotráfico, la minería ilegal o las trampas que ponen en peligro la propiedad privada de los colombianos.

Por esas realidades, nunca será excesivo denunciar el trasteo de votantes y la compra de votos que se está presentando. Y exigir del Estado la respuesta que sea necesaria para detener lo que es un fraude descarado y aleve contra la democracia, y la puerta a la corrupción que desangra los de por sí escasos recursos departamentales y municipales.