La tarea pendiente

Como potencia ambiental Colombia tiene una mayor responsabilidad así como el compromiso ineludible de proteger sus recursos naturales. La tarea del gobierno entrante será garantizar su preservación, emprender la recuperación de aquella riqueza que se ha perdido y fortalecer la institucionalidad para asegurar que esos objetivos se cumplan.

Lo primero es reconocer que en los años recientes el país ha hecho avances importantes en cuanto a la normatividad y la defensa del medio ambiente. Hoy hay en el territorio nacional 1027 áreas protegidas que suman 29 millones de hectáreas, 55 % de las cuales corresponden al Sistema de Parque Nacionales. Con la delimitación de sus 37 páramos se dio el primer paso para asegurar la conservación de esos importantes ecosistemas, a la vez que se fortaleció la legislación ambiental, haciendo de Colombia una de las naciones más avanzadas en estos asuntos.

Queda, sin embargo, mucho por hacer si se pretende salvaguardar el patrimonio ecológico, así como cumplir con los compromisos adquiridos para ayudar a reducir los efectos y los riesgos del cambio climático. La nota en rojo la pone la deforestación que en lugar de disminuir, hasta llegar a cero antes del año 2020, de acuerdo con el convenio internacional suscrito en el marco del acuerdo de París del 2015, ha crecido de manera desbordada.

En el 2017 se perdieron 220.000 hectáreas de bosques, 23 % más que el año anterior, mientras que en el primer trimestre de este 2018 se detectaron ocho focos de tala indiscriminada, principalmente en la región de la Amazonía y en el Chocó biogeográfico. Detener ese crimen que cercena los pulmones verdes de Colombia, de los que depende en gran medida el resto del Planeta, requiere de un ejercicio de autoridad y control que hasta ahora ha sido ineficaz.

Al nuevo Gobierno también le queda la tarea de hacer efectiva la normatividad y la legislación para acabar con la minería ilegal, que representa el 80 % del total, así como vigilar el cumplimiento de requisitos en esa actividad formal. La extracción ilícita de minerales, que hasta ahora ha sido imposible de erradicar, está en manos de organizaciones criminales a las cuales hay que combatir si se pretende acabar con ese negocio que contamina, mata los ríos, acaba con las reservas naturales y enferma a las poblaciones.

Hacer la conversión hacia las energías verdes o sostenibles es otro de los pendientes. Colombia es un país con las condiciones geográficas y climáticas para dar ese paso, pero se está en mora de aprovecharlas. El Valle, donde se desarrolla una industria de generación eléctrica con fuentes alternativas como la solar o la biomasa, es el ejemplo a seguir por la Nación, pero para ello se necesitan recursos e incentivos.

Lo demás por hacer es fortalecer la institucionalidad y articular a las entidades ambientales del orden nacional, regional y local para que se encaminen con seriedad y responsabilidad hacia el propósito común, para lo cual se les deberá proveer del presupuesto necesario que les permita cumplir con su objetivo de conservar la megadiversidad ambiental. Lo otro será educar, informar y convencer a los colombianos para que hagan frente unido con esa empresa, la más importante de cara al futuro del país.