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La renuncia esperada

"Son tantos los hechos que se han producido en los últimos tiempos sobre la Administración de Justicia, que ya es tiempo para que se tomen decisiones que detengan la pérdida de credibilidad en la Justicia. Sin duda, los casos de corrupción involucran a una porción mínima de funcionarios y jueces que forman parte de la rama, lo que hacer llamar la atención para que no se generalice. Pero existen muchas razones adicionales para reclamar un cambio en el cual se reconozca el clamor de los ciudadanos para que el país tenga una Justicia transparente, pronta y cumplida".

3 de noviembre de 2013 Por:

"Son tantos los hechos que se han producido en los últimos tiempos sobre la Administración de Justicia, que ya es tiempo para que se tomen decisiones que detengan la pérdida de credibilidad en la Justicia. Sin duda, los casos de corrupción involucran a una porción mínima de funcionarios y jueces que forman parte de la rama, lo que hacer llamar la atención para que no se generalice. Pero existen muchas razones adicionales para reclamar un cambio en el cual se reconozca el clamor de los ciudadanos para que el país tenga una Justicia transparente, pronta y cumplida".

La renuncia de Henry Villarraga, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura acusado de múltiples irregularidades, es la primera consecuencia de sus actuaciones y de la reacción de repudio que produjeron. Pero no es suficiente para recuperar la desvencijada imagen que las instituciones encargadas de administrar justicia tienen entre los colombianos. El escándalo que llevó a la salida de Villarraga se refirió a sus dudosas actuaciones en un caso sobre los llamados falsos positivos que involucró a un Coronel del Ejército. Mas no fue el único. Antes de ese, el renunciante fue acusado junto con dos más de sus colegas por el carrusel de pensiones que llevó a incrementar de manera escandalosa las jubilaciones a funcionarios que eran designados por solo unos días o meses en cargos con altas remuneraciones. Por esos cargos, que la Contraloría General de la República investigó de manera valerosa, la Comisión de Acusaciones no encontró mérito alguno para iniciar siquiera un proceso contra él. La salida ahora es la renuncia del magistrado cuestionado. Sin embargo, son tantos los hechos que se han producido en los últimos tiempos sobre la Administración de Justicia, que ya es tiempo para que se tomen decisiones que detengan la pérdida de credibilidad en la Justicia. Sin duda, los casos de corrupción involucran a una porción mínima de funcionarios y jueces que forman parte de la rama, lo que hacer llamar la atención para que no se generalice. Pero existen muchas razones adicionales para reclamar un cambio en el cual se reconozca el clamor de los ciudadanos para que el país tenga una Justicia transparente, pronta y cumplida.Como algunos comentaristas lo han expresado, todo empieza por las facultades de Derecho. Nada puede lograrse si el afán por recibir alumnos que cancelen sus matrículas y por expedir títulos profesionales se impone por encima de la obligación de producir profesionales idóneos respetuosos de la ética y conscientes de su responsabilidad social. Y sigue con la necesidad de crear una carrera judicial donde haya jueces con la especialidad y la idoneidad necesarias para cumplir los deberes que demanda su investidura como árbitros de la sociedad.También es imperioso entregarle a la Justicia los recursos que requiere para cumplir su misión. Y aislar el aparato judicial y a sus integrantes de las influencias clientelistas. La elección del Consejo Superior de la Judicatura del cual formaba parte Villarraga es uno de aquellos errores que reclaman cambios para devolverle la credibilidad a la rama jurisdiccional. Como también es imperioso exigir que se acabe con el gobierno de los jueces que algunos magistrados se empeñan en impulsar, generando un divorcio con las demás ramas del poder público y produciendo constantes e inconvenientes roces entre las Cortes. Que la Justicia atraviesa la peor crisis de credibilidad en su historia, lo demuestra el rechazo de los colombianos. Por eso, y antes que promover reformas que fracasan, la renuncia de Villarraga puede ser el punto de partida del cambio que se requiere para reconstruir la confianza de los ciudadanos en sus órganos jurisdiccionales y en el Estado de Derecho.

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