La reforma incompleta

Luego de un intenso debate lleno de polémicas y de cambios obligados, el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno fue aprobado con importantes mutilaciones. Ante la evidente falta de recursos para conjugar el déficit presupuestal que se deriva de ello, a la nación le corresponde realizar ajustes para garantizar la estabilidad de la economía el próximo año.

El proyecto denominado ‘Ley de Financiamiento’ por el presidente Iván Duque fue revelado después de aprobarse el presupuesto nacional para el próximo año, que contempla gastos e inversiones por $258,9 billones. Desde ese momento se conoció que existía un faltante calculado en $14 billones, la razón de ser de la reforma tributaria.

Y según las fórmulas tradicionales, había que llenarlo con más impuestos a cargo de los contribuyentes, ya fuera por la vía de ampliar el IVA a todos los productos de la canasta familiar, de gravar las pensiones y de inventar tributos en varias actividades mientras se cumplía la promesa de rebajar la carga a las empresas. Fue un galimatías que recibió el rechazo casi inmediato por sus efectos en los ingresos de los estratos medios que llevaron a modificaciones sustanciales.

A partir de ese momento se supo que el resultado sería muy distinto y las cifras a recaudar mucho menores a las estimadas por la propuesta. Comenzó entonces una intensa negociación que culminó aprobada a pupitrazos en el límite de las sesiones extraordinarias citadas para el efecto.

La cifra que ahora se aspira a incrementar el recaudo ronda los $7,5 billones, y se tocaron sectores como el consumo de cervezas y bebidas azucaradas o como las transacciones financieras, mientras volvieron a entregarse excepciones. Para resumir, se habla de una colcha de retazos que llevará a presentar otra reforma para el próximo año.

Además de esa confusión y del gravamen que significa para los ingresos de las personas naturales, lo más delicado es el déficit que se presenta, lo cual llevó al Gobierno a anunciar recortes en los gastos y la inversión, en los subsidios que reparte y en los que involucran la prestación de servicios públicos esenciales como la educación o la salud.

Es de esperar que ese déficit sea cubierto para evitar riesgos a la estabilidad como la pérdida de la calificación y sus consecuencias en la credibilidad de la economía. Y que no volvamos a incrementar el endeudamiento público que será cada vez más costoso en los mercados internacionales, a la vez que competirá por los recursos internos con la actividad privada .

Es el momento para ponerle límites a la voracidad del Estado y de la clase política en el gasto, que demanda más impuestos mientras se niegan a ajustar los egresos o a tomar decisiones para acabar con la corrupción, perseguir la evasión o terminar con excepciones costosas que no tienen justificación. Es el tiempo para pensar que el Estado no puede seguir siendo la aspiradora que absorbe la riqueza nacional y crea dilemas como gravar a las empresas o a las personas naturales mientras desestimula la inversión que crea riqueza y bienestar por la vía del empleo estable y bien remunerado.
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