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La reforma diecinueve

Febrero 23, 2020 - 06:55 a. m. Por: Editorial .

Mucho se ha reiterado en estas páginas y en todos los medios de comunicación sobre la necesidad de reformar la administración de Justicia en Colombia y de atender el clamor de los ciudadanos del común por un servicio rápido, efectivo y seguro que resuelva sus conflictos. Es necesario que el Estado asuma su obligación de atender ese reclamo y de desatar el nudo que acaba con la credibilidad y la confianza en una de las ramas del poder público.

A menos de una semana de quedarse sin el número de magistrados necesario para tomar decisiones cruciales que afectan a toda la Nación, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia parece incapaz de crear el consenso para cumplir ese deber constitucional. Y entre tanto, en los juzgados se siguen acumulando expedientes y procesos debido a los vacíos que se presentan en la legislación y las dificultades para tramitar los reclamos de los ciudadanos o para resolver la situación de cientos de miles de procesos penales.

Esas son las dos caras de un mismo problema que parece insoluble, las trabas que existen para que el Estado brinde recta y cumplida Justicia en nuestro país. La una muestra las murallas absurdas a las cuales nos ha llevado la mezcla de leguleyismo, de influencias y conflictos políticos en que han caído las Altas Cortes, produciendo situaciones que impiden cumplir el mandato establecido en la Constitución Nacional en 1991.

La otra refleja la impotencia que enfrenta el ciudadano y lo aleja del que es el instrumento más importante para lograr la concordia y la convivencia. Es el mecanismo creado por la civilización para conseguir la paz sin tener que recurrir a la justicia por mano propia, haciendo a la ley como supremo árbitro de la sociedad que la acata y la convierte en valor intocable.

Pero esa ley parece un laberinto casi indescifrable de incisos e interpretaciones que convierte en relativo el deber del Estado de ofrecer la Justicia. Reconociendo que hay muchas excepciones de jueces y magistrados que cumplen sus responsabilidades, hoy es una suma de atribuciones que no tienen plazos para cumplirse y son aplicados a discreción de los intérpretes de esa ley.

Esa reiterada falencia no ha sido posible subsanarla en veintinueve años de vigencia de la Constitución. Y no se ha podido adoptar ninguna de las dieciocho reformas que se han anunciado a través de los años, porque son incompletas o mal hechas, por la intervención del clientelismo o por la oposición de los jueces.

Por eso, la imposibilidad de elegir un magistrado pondrá en riesgo la función que le da el nombre de Suprema a la Corte que dicta la última palabra en materia de Justicia. Y mientras la impunidad ronda más del 90% de los casos en la justicia penal, un proceso civil puede durar treinta años sin resolverse o las demandas de los particulares al Estado se demoran más de diez años en obtener una sentencia definitiva.

Eso no es la Justicia que los colombianos merecen y necesitan. Ojalá, la reforma número diecinueve que tramita ahora el Gobierno tenga por fin el respaldo de los legisladores y de los jueces para desatascar lo que es una necesidad nacional. La reforma a la Justicia no da más espera.

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