La reforma de los políticos

Esta semana, el Senado aprobó el proyecto de reforma política que defienden los miembros de la bancada de gobierno. Y por lo que se puede ver, será una iniciativa que poco servirá para perfeccionar la democracia y la participación de los colombianos, pero será muy útil para quienes ejercen la profesión de políticos y están próximos a participar en las elecciones que definirán el poder en departamentos y municipios.

Como antecedente a esta decisión, está el hundimiento que sufrió la propuesta de independizar el Consejo Nacional Electoral, CNE, de los partidos que participen en las elecciones, y la creación entre otras cosas de una jurisdicción independiente del Contencioso Administrativo, lo que llevaría a tener otra Corte, fraccionando aún más la Justicia colombiana. En el caso del CNE, quedó claro que los que hasta ahora monopolizan el manejo de las elecciones no están dispuestos a soltar el privilegio de controlar el organismo que debe asegurar la transparencia de los certámenes electorales, pilar fundamental de la democracia representativa.

Cumplido ese paso, la clase política con asiento en el Congreso abrió la discusión sobre la propuesta liderada por el Pacto Histórico y respaldada por sus socios, el Partido de la U, el Liberal y el Conservador.
En el segundo de los seis debates que debe recibir lo que es una reforma constitucional, el Senado aprobó asuntos que como las listas cerradas obligatorias, la exigencia de procesos democráticos para definir las listas de aspirantes o la financiación oficial, responden a lo que los colombianos exigen. Es decir, fortalecer los partidos y acabar con las empresas individuales que se manejan mediante el voto preferente, así como tratar de impedir la presencia de dineros dudosos en la elección de quienes serán voceros de la voluntad popular.

Pero se cometieron omisiones como la de no acabar con la circunscripción nacional que ha erosionado la representación de las regiones, concentrando el poder en quienes tienen los recursos y las maquinarias necesarias para conseguir votos en todo el territorio nacional. O la de revivir la posibilidad de que los congresistas puedan ser nombrados en cargos del Ejecutivo como los ministerios y las embajadas.

Sin embargo, lo más preocupante es el establecer la posibilidad de que los elegidos en los cargos de representación popular puedan cambiar de partido, dejando a un lado la responsabilidad que adquirieron con quienes los eligieron. Esa es quizás la más contradictoria disposición de un proyecto que se supone está dirigido a fortalecer la institucionalidad de los partidos, enmarcándose en los afanes que han surgido por la elección de Gustavo Petro y el avance de su partido Colombia Humana.

Por la celeridad que la coalición de gobierno tramita la reforma política, todo indica que los ojos de sus promotores están puestos en las elecciones departamentales y municipales que tendrán lugar en octubre de 2023. Lo cual confirmará que la reforma está dirigida a mejorar los intereses de los políticos antes que la transparencia y la seguridad de la democracia colombiana.