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La reforma de la polémica

Noviembre 29, 2020 - 06:55 a. m. Por: Editorial .

Por octava vez en los últimos treinta años circula en el Congreso de la República un proyecto de ley para modificar el sistema electoral de Colombia. Su avance, incluida la declaratoria de urgencia por el Presidente de la República, indica la importancia que tiene para el país.

En una democracia, el sistema electoral es ante todo, o por lo menos debe ser, un sistema de normas dirigidas a garantizar el ejercicio del derecho al voto, a la transparencia y a la equidad para todas las expresiones políticas. Es pues uno de los centros neurálgicos de un sistema en el cual se asegura la participación del ciudadano para decidir la forma en que será gobernado su país, su departamento o sus municipios, así como para elegir a quienes ocuparán los cargos que la Constitución y la Ley establezcan.

Desde esa perspectiva, las autoridades electorales deben ser lo más autónomas posibles en el ejercicio de su deber, el ser notarios de la voluntad popular, asegurar el ejercicio del derecho constitucional de elegir, reconocer y proteger la transparencia de los procesos de votación y elección para que sean creíbles y confiables.

No obstante, debe recordarse que en Colombia no siempre se actúa en ese sentido, toda vez que la profesionalización de la política ha llevado a que el debate sobre el perfeccionamiento del sistema pase en primer lugar por el cedazo de quienes tienen el poder en el Congreso. Así, el sistema electoral pasa a ser un compendio de reglas de juego difícil de cambiar, como lo demuestra el que el nuestro esté vigente desde 1986, es decir, desde antes de la vigencia de la Constitución de 1991.

De ahí que sea casi imposible aplicar los cambios necesarios para asegurar los principios que garantizan la neutralidad del sistema y su eficacia para reflejar la voluntad de los ciudadanos. Por eso se presentan situaciones como las de ahora, cuando en el Congreso se han recibido más de mil proposiciones de modificación a los doscientos sesenta artículos que tiene la propuesta.

Y hay de todo, desde insistir en la posibilidad de cambiar las normas sobre el trasfuguismo o escisión de los partidos, el interés en robustecer el poder y la burocracia de la Registraduría Nacional, hasta la obligación de asegurar la paridad de sexos, pasando por la eliminación de la ley de garantías que suspende la contratación oficial cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, legislativas o regionales. Son temas pertenecientes al ámbito político y no electoral, que se están incluyendo en función de quienes participan de la política.

El proyecto actual avanza, aunque existe una polémica entre quienes componen el Congreso. Puede verse en ese proceso el interés, no tanto de perfeccionar el sistema y asegurar que sea un árbitro imparcial, sino de asegurar que siga siendo parte del engranaje partidista y ejecutor de la voluntad de quienes controlan la política, el gran enemigo de la reforma electoral que necesita nuestra Nación.

Debe conocerse también que de ese proceso parece excluirse la necesidad de garantizar el combate a los vicios que como la compra de votos, atentan contra la transparencia de las elecciones en Colombia.

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