La realidad del Valle

"Ante tan difíciles condiciones, al mandatario que sea elegido el próximo primero de julio le corresponderá la tarea de poner orden en casa para devolverle credibilidad, respeto y categoría al Departamento. Es decir, cerrar la puerta a la corrupción, recortar la enorme burocracia inútil, organizar la defensa del patrimonio departamental de la voraz ofensiva de demandas y reestructurar las moribundas finanzas".

Como colofón del mal manejo al cual ha sido sometido, el Departamento del Valle debió acogerse a la ley 550 de 1999, para poder enderezar sus finanzas. Con lo cual se marcan las pautas de lo que debe ser la gestión del Gobierno que se inicie el próximo primero de julio.La angustiosa decisión anunciada por la gobernadora Adriana Carabalí implicará suspender los pagos de las cuantiosas demandas que enfrenta por más de $700.000 millones. Con ella se detendrá también la obligación de cancelar $80.000 millones a los cuales ya ha sido condenado el Departamento, y se congelarán las demandas por $350.000 millones que ha presentado el Instituto de Seguros Sociales. También se podrán renegociar los pasivos que ascienden a los $160.000 millones. Y lo más importante, se detendrá el alud de demandas denunciado por el doctor Aurelio Iragorri cuando debió asumir la Gobernación en reemplazo del sancionado Héctor Fabio Useche.Cabría imaginarse lo que habría sucedido si el gobierno del doctor Francisco José Lourido no deshace a tiempo el entuerto de las Vigencias Futuras que significaban una deuda adicional de más de un billón de pesos para los próximos cinco años, aprobada en forma expedita por la Asamblea Departamental de entonces. Compromiso que la administración de Juan Carlos Abadía adquirió a pesar de las alertas expresadas por la Contraloría Departamental y el Ministerio de Hacienda sobre la escasa capacidad de endeudamiento del ente regional y sobre la falsedad que existía tras la figura, utilizada para disfrazar una operación de crédito. Hoy se sabe que mientras los ingresos tributarios presentan un decrecimiento del 38% en el último cuatrienio, las rentas departamentales apenas han subido un 1%. Y que desde el 2009 se incumple la ley 617 de 2000, lo que significó perder la categoría especial. Ahora, la ruinosa situación amenaza con llevar al Valle un peldaño más abajo, con todas las consecuencias que eso produce en términos de reducción para atender las necesidades del pueblo vallecaucano.Y en tanto se sabe la condición desesperada, la Asamblea aprueba un plan de desarrollo que costará más de cuatro billones para ser ejecutado en los próximos cuatro años. Y se abre otro certamen electoral para escoger el gobernador que reemplace al señor Useche, sancionado junto con el señor Abadía por la autorización de entregar a título de degustación más de cuatro millones de botellas de aguardiente de la Industria de Licores del Valle al distribuidor. Ante tan difíciles condiciones, al mandatario que sea elegido el próximo primero de julio le corresponderá la tarea de poner orden en casa para devolverle credibilidad, respeto y categoría al Departamento. Es decir, cerrar la puerta a la corrupción, recortar la enorme burocracia inútil, organizar la defensa del patrimonio departamental de la voraz ofensiva de demandas y reestructurar las moribundas finanzas. Ese es el costo que deberá pagar el Valle ante los abusos que cometieron quienes convirtieron la entidad en presa de sus intereses particulares. Ahora, los electores ya saben que cualquier otra propuesta electoral que signifique compromisos económicos o promesas clientelistas estará alejada de la realidad.